Audiencia será el 20 de enero

La audiencia de prosecución de juicio que debía desarrollarse ayer por el Caso Terrorismo, fue suspendida para el 20 de enero debido a la renuncia de la jueza Anastasia Calisaya.

“Se instaló la audiencia de prosecución de juicio dentro del caso terrorismo, en esta audiencia debería resolverse la resolución en relación a la renuncia de la juez ciudadana Sonia Mamani, sin embargo el Tribunal se ha visto sorprendido por la presentación de una carta de renuncia por razones de salud que ha presentado la otra juez ciudadana Anastasia Calisaya, por lo que el Tribunal ha dispuesto la suspensión de la audiencia por falta de quorum”, explicó Eusebio Vera, uno de los abogados del médico Juan Carlos Santiestevan, en contacto con EL DIARIO.

El jurista explicó que la defensa solicitará que una vez se acepten ambas renuncias se anule el juicio.

“Una vez aceptada ambas renuncias, no tendría ya quorum suficiente para que exista Tribunal dentro este juicio, lo que daría lugar a que todo los actuados o juicio contradictorio, público que se ha sustanciado desde 2012, quedaría nulo, incluso hasta el estado de radicación del caso y tendría que pasar al siguiente número para que vuelva a empezar, Pero en ese caso, ya no será necesario con la participación de jueces ciudadanos, ya se aplicará la normativa en vigencia, misma que prevé sólo la participación de tres jueces técnicos”, explicó el jurista.

Vera refirió que el Ministerio de Gobierno se encuentra analizando la posibilidad de retirar la acusación de carácter privado, lo que daría lugar a que también la Fiscalía lo haga.

“Eso significaría que en los hechos el caso vuelva a fojas cero y el caso quedaría concluido”, dijo.

DENUNCIA INTERNACIONAL

El jurista acotó que existen denuncias a nivel internacional contra el Estado, una de ellas iniciada por los familiares de Michel Dwyer, Mario Tádic y Elód Tóasó, ante la Corte Penal Internacional con jurisdicción en La Haya.

“La última demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue admitida en marzo de 2018, en contra del Estado boliviano, por violaciones y tortura a los Derechos Humanos”, recordó.

Vera manifestó que en caso de que el caso vuelva a fojas cero, se daría lugar a estas demandas a nivel internacional prosperen y sean en contra del Estado boliviano y lo que correspondería es realizar la acción de repetición en contra de los autores inmediatos de las violaciones a derechos humanos.

“Siempre se ha señalado que este caso ha sido armado por el exgobierno a la cabeza de Evo Morales y las consecuencias serían graves para el Estado boliviano porque tendrían que erogar altas sumas de dinero para resarcir los daños y perjuicios que se han ocasionado a ciudadanos extranjeros y nacionales, lo que implicaría un daño económico al Estado de gran magnitud”, aseveró.