A fines del siglo pasado, entre 1989 y 1991 se derrumbó como un “castillo de naipes” el sistema socialista-comunista que hasta ese tiempo había ocupado buena parte de las naciones del mundo, implantando la dictadura del proletariado y ofreciendo el “paraíso terrenal” de los trabajadores. El costo de este experimento fue de algo más de cuarenta millones de personas que perecieron víctimas de la dictadura, la opresión y el hambre.
Sin embargo quedaron en el mundo dos regímenes socialistas de corte marxista, el de Cuba y la monarquía de Corea del Norte, aunque algunos países mantuvieron sus regímenes de fuerza agazapados tras la “careta” democrática. Los herederos del totalitarismo socialista se disfrazaron de ecologistas, indigenistas y adoptaron el rótulo de “progresistas”, término que antes se atribuía a quienes no eran socialistas marxistas, pero tampoco partidarios del ultra capitalismo, era una aproximación a la social democracia.
Desde finales del pasado siglo apareció una nueva corriente de la autoría de algunos intelectuales europeos, el socialismo del Siglo XXI, que fue adoptado por el desaparecido autócrata venezolano Hugo Chávez Frías y luego patentado en el “Foro de San Pablo” en el que se reunieron todos los “comunistas” vergonzantes, pero comunistas al fin. Como fruto de esta reunión varios países latinoamericanos cayeron en regímenes de este corte, con el resultado del fracaso total, la ruina absoluta, como Venezuela, y un alto índice de corrupción que llevó a varios de sus dirigentes a las cárceles. Solo quedan las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y ahora nuevamente Argentina.
En nuestro país hemos sido gobernados casi catorce años por un régimen de gobierno de ese corte, el populismo socialista-indigenista que fue echado del poder gracias a la protesta pacífica de la ciudadanía que se volcó a las calles en protesta por el grosero fraude electoral perpetrado por el régimen caído. El caudillo que controló el poder absoluto casi catorce años quería perpetrarse en el poder de por vida, como lo expresó en varias oportunidades y ante la protesta ciudadana y el rechazo a una nueva postulación para un cuarto período de poder inconstitucional que se dio en el referéndum de 21 de febrero de 20l6, tuvo que renunciar y dejar el país.
Extrañamente a estos acontecimientos, en varias partes se levantaron voces condenando un posible golpe de Estado, e incluso en alguna repartición del organismo regional (OEA) se condenó rápidamente el cambio de gobierno, que ante la renuncia y abandono del país del autócrata asumió la presidencia del Estado, la presidente en ese momento de la Cámara de Senadores, como lo establece la Constitución Política del Estado, es decir hubo una sucesión presidencial absolutamente constitucional y, por supuesto, legal.
Lo que sucede es que en algunos organismos internacionales, gobiernos de la región y de algunos países extracontinentales, se han acomodado individuos de formación marxista- comunista, y siguiendo el libreto socialista condenaron el supuesto golpe, al que algunos interesados le dieron el rótulo de “golpe militar”, debido a que las Fuerzas Armadas y la Policía se negaron a reprimir violentamente al pueblo, como lo solicitó el ex gobernante y, por el contrario, le sugirieron al presidente su renuncia para evitar una confrontación peligrosa y que ponga en riesgo la seguridad del Estado.
También siguiendo el libreto populista, agentes españoles “encapuchados” pretendieron sacar de la embajada de México a algunas ex autoridades asiladas y que tienen que rendir cuentas a la justicia por conductas supuestamente delictivas, entre ellos el ex ministro de la presidencia y ex militar, Juan Ramón Quintana, sobre quien pesan diversas denuncias por acciones de violencia política, irregularidades en el manejo de cuantiosos recursos económicos en el programa “Evo cumple”, recursos con los que se hacía competencia a los gobiernos municipales que por disposición constitucional son los que deben hacer obras públicas en sus municipios.
Lo cierto es que hay mucho por investigar, permitiéndole al Órgano Judicial y al ministerio público su absoluta independencia, de la que careció los casi catorce años del régimen del populismo “masista”, de tal manera que el retorno al “estado de derecho” permita que todos los ciudadanos, incluyendo a las ex autoridades, tengan juicios justos y se pueda saber la verdad de casi catorce años del gobierno autoritario de los “cocaleros del Chapare”.
El autor es abogado, politólogo y escritor.
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