Ley de Garantías busca favorecer a Morales

Los senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS), sin la presencia de las otras fuerzas partidarias sancionaron, el viernes por la noche, el proyecto de Ley de Garantías o de Cumplimiento de Derechos Humanos, que pretende que Evo Morales no sea aprehendido cuando retorne al país. Considerando que otorga garantías de libre circulación a líderes y dirigentes sindicales, cívicos y políticos.

El diputado del MAS, Édgar Montaño, manifestó que la norma garantiza la libre locomoción de la población boliviana, esto incluye a ciudadanos extranjeros. Descartó que se deje en la impunidad a aquellos que están involucrados en los conflictos de octubre y noviembre del pasado año.

“Decían que la ley protegía a los involucrados en los actos violentos, ahora ya no hay nada de inmunidad, si hay algún delito que se haya cometido se lo procesará (...), la norma habla de proteger las libertades. Hablo de la locomoción, libertad del trabajo. Esta ley ha sido revisada por el Senado y así nos la están devolviendo”, explicó el legislador.

La presidenta del Senado, Eva Copa, convocó a sesión para las 19.00 del viernes, donde debatieron la norma sin la presentación del informe de la Comisión de Constitución, liderada por el senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz. Los parlamentarios de UD y del Partido Demócrata Cristiano (PDC) abandonaron la sesión por las irregularidades que incurrió el MAS.

Las observaciones y cuestionamientos se centran en el artículo 7, que habla de garantías constitucionales a la libre locomoción, derecho al trabajo y libertades constitucionales para líderes sociales y dirigentes sindicales, cívicos y políticos dentro del territorio nacional.

El diputado Gonzalo Barrientos señaló que la aprobación de esa Ley busca asegurar la impunidad de varios dirigentes del MAS y principalmente de Evo Morales involucrados en delitos de terrorismo, sedición, crímenes de lesa humanidad, de organización criminal, actualmente asilados y otros en conflictos con la ley.

“Están actuando con mucha maldad, quieren convulsionar el país, a esta aprobación de la ley se debe sumar las declaraciones del dirigente de los cocaleros de Chapare Andrónico Rodríguez y de otras organizaciones en sentido de que el próximo 22 de enero tomarían decisiones”, afirmó Barrientos.

La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, aseguró que esta norma no tiene el objetivo de dejar en la impunidad a los que hayan participado en los actos violentos en octubre y noviembre pasado, aseguró que no todos los líderes políticos y dirigentes del partido azul fueron parte de esos actos.

IMPUGNACIÓN

El senador de UD, Pablo Klinsky, anunció que presentarán un recurso legal ante el tribunal constitucional plurinacional para impugnar la promulgación de la norma, advirtió que se vulneró el procedimiento de las Cámara de Senadores y no se esperó hasta la presentación del informe de la Comisión ni del Ministerio de Economía para definir los recursos para el resarcimiento a los afectados.

“No se han seguido los procedimientos, no había un informe de la Comisión de Constitución. Nosotros recibimos proyecto de ley y remitimos a los ministerios correspondientes. Estamos dentro del plazo correspondiente”, dijo el oficialista.

Sin embargo, Omar Aguilar advirtió que no existe ningún fundamento para que los demócratas impugnan la norma ya que esta fue trabajando en consenso junto a los organismos internacionales y la Conferencia Episcopal Boliviana.

Aseguró que también el Ejecutivo se comprometió enviar un informe del Ministerio de Economía para determinar el resarcimiento económico a los afectados, pero no se concretó.

CONFLICTOS

Por otra parte, Aguilar advirtió que el incumplimiento de los acuerdos que firmó el Ejecutivo con los dirigentes del Pacto de Unidad y con los cocaleros del Chapare, pueden reactivar los conflictos después del 22 del mes en curso.

Al respecto, Óscar Ortiz, explicó que hay un acuerdo con los familiares de las víctimas del conflicto poselectoral, entre ellos unos 35 fallecidos. “Pero se necesita respuesta del Ministerio de Hacienda y necesitamos respuesta del Ministerio de Justicia para asegurarnos que no haya ni un intento de dar una protección a quienes han promovido hechos de violencia después de las elecciones”, declaró.

LA NORMA

Se realizaron algunas modificaciones a la anterior norma, una de ellas es la eliminación del artículo donde establecía que el Estado garantizaría la otorgación de salvoconductos para los dirigentes y líderes sindicales.