¿Solo números para las estadísticas?

El caso de Verónica Mishel es uno de los tantos que pasó a formar parte de las frías estadísticas de un país con altos índices de feminicidios a nivel mundial, ya que, según una recopilación de datos emitidos por la Fiscalía General del Estado (FGE), al menos 638 feminicidios se registraron entre 2013 y 2019 en Bolivia.

Muchos quedan en el olvido o prácticamente son invisibilizados por los medios de comunicación y pasan a ser parte de una contabilidad que año a año demuestra que la tendencia está al alza y que los esfuerzos para erradicar este mal aún no fueron suficientes.

“A las mujeres que fallecen solo las ven como números y hay muchos casos que no son visibilizados por muchos factores”, comenta Rosario, quien no deja de comentar las últimas y preocupantes cifras de feminicidios que se han registrado en las dos primeras semanas del 2020.

Según el último reporte del Sistema Integrado de Gestión de Causas Penales, dependiente de la FGE, y el recuento de la prensa, en los primeros 10 días de este año se registraron 12 casos de feminicidio, cifras mayores en comparación del 2018 (seis casos) y 2019 (cuatro casos) en el mismo periodo.

Para la madre de Verónica Mishel, la invisibilización de los casos de feminicidio, y en muchas circunstancias su impunidad, se deben a muchos factores que van más allá de la palestra mediática. Su dolorosa experiencia la hizo aterrizar en varias conclusiones.

“¿Por qué los casos pasan simplemente a las estadísticas y quedan impunes? porque, por ejemplo, hay personas que no tienen el dinero para el proceso, no cuentan con el aspecto económico. Yo debo al banco y con mi trabajo debo pagar”, manifiesta Rosario y explica que es una realidad por las que muchas familias pobres pasan.

Lo que se genera tras el asesinato de una mujer: orfandad, deudas, traumas, la sombra del feminicidio

Muchas familias deben recurrir a los créditos bancarios para solventar los gastos de los procesos penales, además deben hacerles frente a las secuelas emocionales que los dejan marcados de por vida.

Tras un feminicidio se desencadena una crisis para la familia de la víctima. Niños huérfanos, disgregación familiar, deudas, enfermedades, secuelas psicológicas y pobreza, entre otras, son las consecuencias que trae este delito que pasa a ser naturalizado por la sociedad que es cada vez más insensible.

Según el análisis de la especialista en sexualidad y licenciada en Psicología Clínica Sistémica, Marynés Salazar, “cada vez que muere una mujer, una familia completa está afectada”.

“Tenemos hijos abandonados, a un padre en la cárcel y un sistema judicial que generalmente no responde de inmediato. Tenemos una sociedad que cada vez más se insensible”, dijo Salazar, quien dirige Psinergia, un centro de investigación de desarrollo humano.

Para Rosario y su hija, las cosas se complicaron luego de la muerte de Verónica Mishel. Las deudas y la carga emocional fueron lapidarias. A ello se sumó la disgregación que sufrió su familia tras el abandono de su esposo.

“Yo he gastado unos 20 mil dólares y hemos hipotecado nuestra casa para este proceso porque he tenido que contratar peritos y abogados; gastar para las hojas para que fotocopien o impriman citaciones”, relató.

Otro caso de feminicidio que resalta y forma parte de las estadísticas, es el de Araceli A., de 21 años, cuya madre, Teresa C. tuvo que invertir alrededor de 30 mil dólares durante tres años de proceso para demostrar que Mayber Rodas, pareja de su hija, la había asesinado.

Un 30 de octubre de 2016, el cuerpo de Araceli, madre de dos pequeñas hijas, fue hallado al borde del camino a Muyupampa, Chuquisaca, con innumerables golpes.

Teresa, quien se encontraba en España, recibió la llamada de su hija menor que le comunicó sobre la muerte de Araceli.

El feminicida es hijo de Nancy Rojas García, quien en aquel entonces fungía como titular del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de Chuquisaca. Para Teresa esa posición fue aprovechada para protegerlo, pues pese a que el cuerpo fue hallado con aparentes signos de violencia, el certificado de defunción consignaba como razón del fallecimiento el chagas. Tras reclamos, el documento fue modificado y se consignó la causa real: traumatismo encéfalo craneano.

“Después de enterrar a mi hija en Santa Cruz, toda la familia fue a Muyupampa y casa por casa fuimos preguntando. Me enteré que este hombre la golpeaba, pero la gente no quería declarar, tenía miedo”, relató.

Entonces, Teresa se propuso hallar justicia para su hija y tuvo que luchar contra el favorecimiento y protección del feminicida que fue beneficiado con medidas sustitutivas, además de la parcialización de los jueces y los servicios legales municipales para con el acusado.

Teresa tuvo que retornar a España para generar recursos y pagar a los abogados. Dobló turnos en el hotel, donde trabajaba como camarera, para los gastos del juicio y solventar sus viajes al país.

Tres años y 30 mil dólares después, Teresa logró la sentencia de 30 años sin derecho a indulto para Rodas, quien cumple su condena en Monteagudo, Chuquisaca. El fallo determinó que él mató a Araceli a golpes, aunque no se estableció si lo hizo con algún objeto.