Impulsan medidas contra disfrazada Ley de Garantías

Activistas de la denominada Resistencia y legisladores del Movimiento Demócrata Social (MDS) activan medidas contra la aprobación del Proyecto de Ley de Garantías o de Cumplimiento de Derechos Humanos, aprobado por la Cámara de Senadores el pasado viernes.

Activistas iniciaron movilizaciones este fin de semana y parlamentarios presentarán, en las próximas horas, un recurso legal para evitar su aplicación.

Durante el fin de semana los activistas de las plataformas, Mujeres por Bolivia y Únete, agrupadas en la Resistencia del Sud, se movilizaron en la ciudad de Cochabamba, en rechazo al proyecto de ley Cumplimiento de Derechos Humanos que fue sancionado por la cámara de Senadores.

La asambleísta departamental de Cochabamba, Lizeth Veramendi, advirtió que la norma es “discriminatoria, desigual y parcializada”, porque para el resarcimiento de daños, sólo toma en cuenta a las víctimas del 21 de octubre, luego que estalló el conflicto poselectoral por la denuncia de fraude.

En La Paz, los activistas también anunciaron movilizaciones en contra de la norma, con el respaldo de los sectores sociales que son parte del Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade), tomando en cuenta – dicen - que solo pretende dejar en la impunidad a aquellos dirigentes y exautoridades cercanos a Evo Morales que están involucrados en los actos violentos a causa de la renuncia de Evo Morales.

De forma paralela, la bancada de Unidad Demócrata (UD) anunció que en las próximas horas, presentarán una impugnación ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en contra de la norma, con el fin de evitar que entre en vigencia.

Al respecto, el senador de UD, Pablo Klinsky, dijo que la norma fue aprobada solo por los parlamentarios del Movimiento Al Socialismo y se vulneraron los reglamentos de la Cámara Alta al no esperar el informe de la Comisión de Constitución que modificó la misma.

APROBACIÓN

La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, adelantó que promulgará la normativa en caso de que la presidenta Jeanine Añez no lo haga. Advirtió que tiene las atribuciones instauradas en la Constitución Política del Estado y existe la jurisprudencia.

Copa advirtió que al no promulgar la norma, puede dar pie a que se generen más conflictos.