Coca develó que Entel no es empresa pública

El exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Óscar Coca, develó que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) no es una empresa pública sino privada, y por lo tanto no está alcanzada por la Ley Nº 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz. Con ese argumento pidió a la Fiscalía rechazar la denuncia en su contra planteada por el actual ministro de Obras Públicas, Iván Arias.

Los abogados del exgerente, se apersonaron al Ministerio Público para conocer la denuncia presentada el pasado 20 de diciembre y uno de los actos de su defensa fue observar la naturaleza jurídica de Entel y asegurar que la denuncia en base a la Ley 004 no corresponde “por ser Entel una empresa privada y una sociedad anónima”.

A través de sus abogados asegura que Entel gira bajo el Código de Comercio y es una sociedad de acciones en las que el Estado tiene mayoría absoluta por efecto del decreto de nacionalización, señala la nota de Erbol.

Durante 14 años, el gobierno de Evo Morales aseguró que la telefónica era cien por ciento del Estado y que arrebataron a los italianos que se habían adjudicado durante el proceso de capitalización en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

DEMANDA

Con el fin de corroborar sus aseveraciones, el denunciado pidió a la Fiscalía que requiera al Ministerio de Economía si los recursos que maneja Entel provienen del Tesoro General del Estado y preguntar a la Contraloría General del Estado, si los empleados están obligados a hacer sus Declaraciones Juradas de ley.

La misma estrategia jurídica utilizaron dirigentes sindicales de YPFB en Santa Cruz donde fueron denunciados por uso indebido de bienes del Estado y para eludir medidas cautelares argumentaron que YPFB es una sociedad anónima y no una empresa del Estado porque así está inscrita en Fundempresa.

El juez que atendió dio razón en primera instancia a los dirigentes sindicales, quienes sin embargo perdieron en la fase de apelación donde la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, YPFB y el Viceministerio de Transparencia aseguraron que el certificado de Fundempresa tiene un valor probatorio “formal”.

Los vocales de la Sala Penal de Santa Cruz aseguraron que el certificado de Fundempresa no puede estar por encima de un Decreto Supremo que dispone la nacionalización y la transferencia de las acciones de la empresa británica.

Coca fue denunciado por el actual gobierno por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y uso indebido de influencias por presunto daño económico de 1.700 millones de bolivianos.

El pasado viernes, la policía y los fiscales del Ministerio Público, allanaron tres domicilios de la exautoridad, uno de ellos ubicado en la ciudad de Cochabamba y dos en La Paz. El titular de Obras Públicas, Iván Arias, aseguró que las propiedades estaban “desmanteladas”. En el caso de la propiedad ubicada en la zona Sarcobamba, de Cochabamba, se presentó el cuñado del exgerente, quien conversó con el personal del Ministerio Público y permitió la requisa.

La fiscal Lupe Zabala, luego de la revisión del domicilio en Cochabamba, informó que se rescataron CD y papeles que serán evaluados como elementos de prueba para el Ministerio Público.

REFUGIO

La semana pasada se conoció que Coca salió del país por la región fronteriza de desaguadero, hacia el Perú. Sin embargo, su abogada, Carla Ascarrunz, señaló que la exautoridad se encuentra en argentina y que no fugó del país como señaló el gobierno. Anunció que su cliente solicitó refugio en el vecino país.

“Desde que se ha tomado conocimiento de que existe una persecución política y una vulneración total a procedimientos ya normas legales en nuestro país, es que a la fecha el licenciado Coca se encuentra en la República de Argentina con la condición de refugiado y su estado de salud es reservado”, precisó la jurista.

Ascarrunz puntualizó que Coca no tiene nada que ocultar, que nunca ha evadido la justicia y que no fue notificado para declarar ante la Fiscalía pese a haber informado sobre su paradero ante la justicia. Recalcó que hasta que no se revierta la orden de aprehensión en su contra el exgerente de Entel no se presentará a declarar a las instancias competentes.