Obedientes a los gobiernos de turno

El Órgano Judicial y el Ministerio Público están imprimiendo un viraje de 180 grados en todos los procesos judiciales que el anterior gobierno había promovido y en los que tenía interés de condena o castigo, de modo genérico contra opositores o disidentes. Desde el cambio de gobierno, sorpresivamente en estos mismos procesos los encausados son sobreseídos, anulados los obrados o archivados.

Lo anterior significa que el Ministerio Público y los Tribunales obran o actúan a gusto de los gobiernos de turno, alejados del cumplimiento de su deber de sometimiento solo al imperio de la Constitución y de las leyes. Otro componente característico de su desempeño o mejor, mal desempeño, es la extorsión, el chantaje y la coima, aunque puede haber excepciones. Así, bajo ese grado de obediencia, la ciudadanía dependía en su libertad, honra y propiedad durante 14 años de una sola voluntad, la de Evo Morales Ayma, cuyo capricho fue la única y verdadera ley vigente.

Bastaba que el Presidente del Estado o alguno de sus colaboradores favoritos intervinieran en cualquier medio y en cualquier oportunidad contra algún opositor o persona civil para que los fiscales desaten una persecución y lo remitan a manos de un juez incapaz de examinar imparcialmente el caso. Entre estos casos resalta el proceso llamado Separatismo-Terrorismo o del hotel Las Américas contra determinados personajes cruceños no oficialistas. En este largo proceso que data de 2012 algunos encausados optaron por el juicio abreviado, purgando una culpa inexistente a fin de liberarse del martirio de un proceso inhumano. Ahora se plantea la anulación de lo obrado.

En la acusación conocida como el juicio Porvenir, el exprefecto Leopoldo Fernández ha merecido una justa liberación, después de su apresamiento en cárceles de Santa Cruz y La Paz. Sin embargo, llama la atención que en el bullado proceso contra una autoridad edil de Cochabamba se le pusiera punto final a horas de la posesión de la Presidenta interina, Jeanine Áñez, y lo mismo ocurre en las causas judiciales contra otra autoridad, también municipal, de Tarija, no bien había vuelto a territorio nacional. Si son trámites injustos o indebidos, el fallo final debe ser la correcta apreciación de las pruebas. Tales casos están bajo riesgo de reactivarse en una nueva situación política del país o ser removidos en cualquier momento.

Todo lo anterior demuestra que el aparato judicial es demasiado eventual y tornadizo en Bolivia, de tal suerte que los obedientes de ayer, han girado hoy su mira contra aquéllos a los que servían obsecuentemente. La justicia en todos sus ámbitos deberá ser un objetivo principal de los nuevos gobernantes emergidos de mayo próximo para una profunda reforma. No podemos seguir bajo condiciones de injusticia.