Los daños económicos al Estado no prescriben

El Art. 324 de la Constitución Política del Estado afirma que “No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado”. La Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas establece en el Art. 27 (Enriquecimiento Ilícito): “La servidora pública o servidor público que hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos y que no pueda ser justificado, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos, multa de doscientos hasta quinientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente”.

El Gobierno de transición iniciará procesos contra 592 autoridades del anterior gobierno, entre ministros, viceministros y directores de entidades que ejercieron sus cargos entre 2006 y noviembre de 2019, “se realizará la verificación de declaraciones juradas, cuentas bancarias, movimientos de dinero, compra de inmuebles para descartar que se está haciendo un lavado de dinero”. Entre los investigados estará la hija del expresidente Morales, Eva Liz, y “todos sus familiares”. De acuerdo con la información del Banco Central de Bolivia y datos de la cooperación internacional, los exfuncionarios realizaron grandes movimientos de dinero, y muchos están poniendo inmuebles a nombre de otras personas, que pretenden legalizarlos en diferentes consulados y embajadas, de acuerdo con Star-Gira, entidad conformada desde 2007 por la Cancillería, la Procuraduría, la Fiscalía, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y el Ministerio de Justicia, auspiciada por el Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para la Recuperación de Activos (Star-Gira).

Hasta ahora abrió 71 procesos, pero los mismos fueron abiertos con fines políticos contra opositores al gobierno de Evo Morales. “Hoy comenzó la investigación de una supuesta legitimación de ganancias ilícitas, en contra de Morales, como el caso de la residencia Nº 80 de la calle 31 en la zona de Achumani, conocida por los vecinos como “la casa de Evo”, la que no figura en la declaración jurada del expresidente y si no declara la propiedad de un inmueble está cometiendo un delito”.

El 10 de noviembre, luego de la renuncia y huida de Evo Morales, la Fiscalía inició varios procesos contra las exautoridades del MAS. Una de las primeras procesadas fue la exministra de Culturas Wilma Alanoca por estar involucrada en la elaboración de bombas molotov para que los masistas usen contra los cívicos, los exministros Juan Ramón Quintana, Alfredo Rada, Tito Montaño, César Cocarico, Amanda Dávila y Gisela López, entre otros, además el expresidente Evo Morales y Faustino Yujra tienen Orden de Aprehensión por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo de 18 de diciembre de 2019.

Finalmente, la Constitución establece que NO prescriben las deudas por daño económico al Estado y la Ley 004 sanciona la corrupción. Por tanto, se debe realizar la investigación de fortunas, desde que se aprobó la Nueva Constitución Política del Estado, procediéndose a la incautación de sus bienes si no pueden ser justificados y la sanción correspondiente para sentar precedente, a fin de que los servidores que cometieron delitos no puedan quedar impunes. Se debe garantizar el debido proceso para evitar que se considere como persecución política, y además sentar un precedente para que nuestros recursos económicos no sean malversados por las autoridades que circunstancialmente se encuentran en el poder político.

Exigimos al gobierno transitorio y especialmente al Órgano Judicial, cumplir con la Constitución, que dispone que los servidores de la Fiscalía, Juzgados y la Policía, trabajen con celeridad, eficiencia, gratuidad y con igualdad de condiciones, sin discriminación de alguna naturaleza, porque estaremos vigilantes para el cumplimiento de la CPE y las leyes que son garantía para una convivencia pacífica y en armonía.

La autora es Abogada, ex Asambleísta Constituyente.