Aprehendieron a Carlos Romero

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, fue aprehendido ayer, sindicado por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, dentro del proceso de investigación en el caso de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn).

El abogado de la exautoridad, Andrés Zúñiga, informó que su cliente se acogió a su derecho al silencio y denunció que el Ministerio Público vulneró sus derechos humanos al no considerar su situación médica.

Por otro lado, el abogado Eduardo León aseguró que se sumarán a la denuncia contra Romero.

“Dentro de este caso, como ciudadanos afectados, tenemos que todos constituirnos en contra de estas exautoridades, como parte civil, por el delito de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la constitución, enriquecimiento ilícito y otros”, puntualizó.

León informó que hace tres días, las personas que fueron aprehendidas por este caso, ampliaron sus declaraciones y presentaron abundante prueba en contra de Romero.

“Carlos Romero es el responsable de todos los actos irregulares de la Uelicn”, apuntó.

El jurista aseguró que esta es una batalla ganada pero que el movimiento debe continuar hasta conseguir una sentencia ejecutada.

A su turno, la defensa de Romero explicó que en las próximas horas presentará una acción de libertad porque varios de sus derechos fueron violentados.

“La acción de libertad es una garantía constitucional que buscará reparar los actos violatorios que generaron los fiscales a partir de la notificación, sin control jurisdiccional y además de inventar procedimientos como una orden de conducción que no existe en el procedimiento”, aseveró.

Romero, quien fuera uno de los hombres fuertes del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), aseguró que el proceso no corresponde porque fue él quien denunció la irregularidad.

“Yo soy el denunciante en este proceso, yo soy aquí el perseguido, es una medida política”, alcanzó a decir el exministro al momento de ingresar a dependencias de la Fiscalía, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

DATOS

Romero reapareció el 9 de enero y personas de “La Resistencia” instalaron una vigilia frente a su domicilio, en la zona Sur, por lo que la exautoridad presentó una acción de libertad, indicando que los jóvenes no dejaban ingresar alimentos y que le cortaron el servicio de agua potable. El recurso legal fue rechazado por la justicia por lo que el abogado de los denunciados anunció que presentará una contrademanda.

Tras cuatro días de internación y después de haber sido valorado por seis especialistas, médicos de la Caja Petrolera de Salud (CPS), no encontraron ninguna dolencia en Carlos Romero y ayer fue dado de alta.

Al promediar las 15.00 horas, el exministro fue retirado de la clínica de la CPS y conducido por policías, vestidos de civil, hasta el Ministerio Público, donde tenía que presentar su declaración informativa empero se acogió a su derecho al silencio.

Romero debió presentarse a declarar a las 10.00 horas del lunes, pero no lo hizo, debido a su cuadro de salud delicado, según el informe presentado por su defensa.

Varias personas que conforman la Resistencia esperaban en puertas de la Fiscalía, empero Carlos Romero ingresó en un vehículo oficial hasta el garaje del Ministerio Público, y conducido hasta el piso 4 de la institución.

“Estamos resguardando, no hay ningún tipo de amedrentamiento, más al contrario estamos resguardando la seguridad del exministro, como persona y exautoridad”, aseveró el subcomandante departamental.

Luego de instalada la declaración, la exautoridad dijo sentirse mal de salud por lo que su abogado pidió médicos y oxígeno.

Al respecto, legisladores del MAS aseguraron que Romero es un perseguido político y los que fueran de oposición manifestaron que la exautoridad debe responder por todos los hechos irregulares.

La diputada de Unidad Demócrata (UD), Rose Marie Sandoval, quien denunció el caso, aseguró que hay presuntos hechos de corrupción en contratos para el mantenimiento de aeronaves antidroga en la estatal Uelicn, donde hay unas 30 implicados.

Los delitos que habrían cometido los acusados son cohecho pasivo, uso indebido de influencias, beneficio del cargo, negociación incompatible con el ejercicio de funciones públicas, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.

Según Sandoval, durante una década la Uelicn administró 3.000 millones de bolivianos, de los que 400 millones fueron destinados al mantenimiento de aeronaves para las fuerzas de tarea conjunta ‘Diablos Rojos’ y ‘Diablos Negros’.

Romero se suma a la lista de exfuncionarios denunciados por el actual gobierno e investigados por el Ministerio Público.

Los exministros Juan Ramón Quintana, Vilma Alanoca y Javier Zabaleta, están asilados en la residencia de México y sobre ellos pesan cargos por sedición y terrorismo.

Exautoridades del gobierno anterior buscaron asilo o salieron del país, tras la renuncia de Morales al poder el 10 de noviembre pasado, a raíz de una fuerte crisis social.