Desde hace muchos años hay preocupación en el empresariado nacional debido a las cargas impositivas y han planteado, en diversas oportunidades, la urgencia de que el gobierno disponga un alivio tributario tanto en la reducción de cargas impositivas como de los plazos para honrar las deudas que por concepto de impuestos tengan los empresarios que, convencidos de la real situación del país, no pueden cumplir debida y oportunamente sus obligaciones tributarias.
El gobierno anterior ha exigido muchas veces que el empresariado nacional cumpla “su parte de compromisos para con el Estado” porque, se decía, “existe una especie de boicot por parte de muchos negocios para cumplir lo que normalmente debería ser debidamente realizado, especialmente cuando hay exigencias por parte del Estado para la otorgación de facilidades y garantías para el desenvolvimiento de la empresa privada”.
La verdad es que, por su condición de considerarse “país socialista”, siempre hubo, en casi catorce años, renuencia para acceder a pedidos empresariales por considerarlas capitalistas. Varias veces se sostuvo que el capital privado en cualquier caso ha sostenido la urgencia de atender obligaciones con los municipios y con la Dirección de Impuestos Nacionales, evidentemente luego de pagar sueldos y salarios, además de las obligaciones con la seguridad social; pero todo ello dependiendo de situaciones normales por las que se atraviesa.
Si bien las obligaciones con la seguridad social implican compromisos muy serios, no siempre es posible cumplir debido a la iliquidez que se sufre; tampoco se lo hace con normalidad con los impuestos municipales, pese a facilidades que se otorga; pero el caso de Impuestos Nacionales siempre ha sido radical en las exigencias y por esto el empresariado privado querría que haya mayor flexibilidad tanto en los plazos para cumplimiento como en el tipo de tasas que implican fuertes erogaciones.
Es, pues, urgente que el gobierno estudie este problema teniendo en cuenta que el capital privado es de suma importancia para lograr el desarrollo y progreso del país; reducir algunas tasas, dar mayor flexibilidad al cumplimiento y disponer que intereses y multas no sean aplicados con la rigidez existente si se desea que efectivamente se cumpla con las obligaciones tributarias. Conviene que se tenga en cuenta que el capital privado no dispone de “arcas abiertas”, como ocurrió en los últimos años solamente para las empresas públicas y que todo el sector privado debe recurrir a la banca comercial y abrir líneas de crédito para compra de materias primas, renovación de maquinaria, compra de repuestos y atender obligaciones sociales con prontitud y esmero. Si no hay coherencia entre lo que el gobierno disponga y la actividad privada, es imposible obtener resultados favorables para el mismo fisco.
El actual Código Tributario y su triple sistema sancionatorio: multa del 100%, intereses a la tasa comercial más alta y la actualización con las UFV, son absolutamente confiscatorios
y datan del Gobierno neoliberal de Sánchez de Lozada, cuyos contenidos fueron incrementados por el Gobierno del MAS, en abierta contradicción a los postulados y filosofía de la Constitución Política del Estado Plurinacional.
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