A prisión uno de los hombres más fuertes de Evo Morales

Con la garantía del Ministerio de Gobierno, para precautelar su vida, el juez del Juzgado Primero Anticorrupción de La Paz, Alan Zárate, ordenó ayer la detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro de La Paz, para el exministro de Gobierno, Carlos Romero, informó su abogado, Andrés Zúñiga.

El martes 14 de enero, tras haber sido dado de alta de la clínica de la Caja Petrolera de Salud, Romero fue conducido hasta la Fiscalía donde debería declarar por los presuntos hechos irregularidades en la Unidad Estratégica de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn). Tras haberse acogido a su derecho al silencio, la exautoridad fue aprehendido y conducido a celdas policiales donde pasó la noche.

El miércoles 15 de enero, el Ministerio Público imputó a Romero por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, en el marco del proceso investigativo de presuntos contratos irregulares que habría realizado la Uelicn, para el mantenimiento de las aeronaves de los Diablos Rojos y Negros con la empresa Horizontal de Aviación Bolivia SRL.

Para el jueves 16 de enero, la justicia había programado dos audiencias para la exautoridad, la primera para las 8.30 donde debía atenderse la acción de libertad solicitada por su defensa y la segunda eran sus medidas cautelares, programada para las 11.30, misma que se suspendió debido a la prolongación de la primera que fue rechazada, por lo que fue conducido a celdas judiciales, donde pasó su tercera noche.

CAUTELARES

Al promediar las 8.30 horas de ayer, en presencia de observadores de Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo, el juez Zárate instauró la audiencia de medidas cautelares, de uno de los hombres considerado como uno de los más fuertes del régimen de Evo Morales.

De inicio, Zárate resolvió un recurso que objetaba la forma en la que había sido aprehendido –a decir del abogado Zúñiga– el juez declaró de ilegal la aprehensión.

“El juez cautelar ha declarado ilegal la aprehensión, ha dado la razón a la defensa de Romero, de que sus derechos han sido violentados porque la forma en que ha sido conducido de su domicilio en Auquisamaña a un centro hospitalario, y de ese centro a la Fiscalía, no está previsto en el procedimiento penal ni en la Constitución, por lo que el juez ha fallado en favor de Romero”, aseguró.

Tras haber desvirtuado riesgos procesales de familia y actividad lícita, el juez cuestionó el de domicilio, por lo que dictó detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro de La Paz, ya que sin ese extremo desvirtuado existiría un riego de fuga.

DETENCIÓN

La defensa de Romero explicó que los últimos días tanto él como su defendido, recibieron un sinnúmero de amenazas por lo que en audiencia pidieron garantías, mismo que fue concedido por el Ministerio de Gobierno.

“El juez ha trasladado la responsabilidad al Ministerio de Gobierno, le ha preguntado si el Ministerio de Gobierno garantiza la vida del señor Romero en un sistema penitenciario y el apoderado del señor Ministro aceptó, por lo tanto si pasa algo con la vida del doctor Romero, el único responsable será el Ministerio de Gobierno”, apuntó.

Romero fue trasladado ayer al penal de San Pedro donde pasó su primera noche de presidio.

Por otro lado, el abogado Eduardo León, aseguró que el caso de la Uelicn alcanza a varias exautoridades, quienes deberán prestar sus declaraciones los próximos días.

Por otro lado, León explicó que la pena máxima por los delitos que está imputado Romero, alcanza a ocho años, empero existe el “concurso real de delitos”, con lo que se puede incrementar un tercio más de la pena porque son delitos de corrupción que están prohibidos por la Constitución Política del Estado (CPE).

UELICN

En febrero de 2019 la diputada Rose Marie Sandóval presentó una petición de informe sobre presuntas irregularidades en 42 contratos de Uelicn con la empresa Horizontal de Aviación Bolivia SRL.

La denuncia se basa en acuerdos directos con un “clan familiar”, por más de $us 60 millones para el mantenimiento de helicópteros y aeronaves de unidades aéreas Diablos Negros y Rojos.

En diciembre pasado la legisladora presentó una ampliación de querella contra el exministro y otras cinco personas por los delitos de uso indebido de influencias, beneficio en razón del cargo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.