ONG condena “ley contra los indeseables”

La reciente extensión del arresto domiciliario de la activista rusa Anastasiya Shevchenko, del movimiento cívico Open Russia, en virtud de la ley nacional contra los críticos contra el Kremlin, los llamados "indeseables", es un ejemplo más del "atentado contra los Derechos Humanos" que supone esta normativa, una coartada para perseguir a "activistas y grupos independientes", según la ONG Human Rights Watch.

"Que Anastasiya Shevchenko haya estado confinada en su apartamento durante más de un año es absurdo", lamentó el director para Europa y Asia Central de la organización, Hugh Williamson.

"Nadie debería pasar ni un minuto detenido por lo que acusan a los activistas de Open Russia, pero las autoridades rusas están utilizando los enjuiciamientos penales como una táctica de miedo contra el activismo cívico y las voces críticas", añadió.

La ley, adoptada en mayo de 2015, autoriza a la Oficina del Fiscal General a prohibir en el país cualquier organización extranjera o internacional que supuestamente socave la seguridad, la defensa o el orden constitucional de Rusia.

Esta norma también establece sanciones administrativas y penales para las organizaciones y ciudadanos rusos que se involucran en una "participación continua" con "organizaciones indeseables". Desde 2015, 19 grupos han sido incluidos en la lista negra de Rusia, incluida una organización registrada en Reino Unido también llamada Open Russia Movimiento Cívico, en 2017.

El primer juicio de una miembro del grupo Open Russia, Yana Antonova, acusada de "participar en actividades de una organización indeseable", comenzó a fines de julio de 2019, por asistir a una protesta pacífica en febrero de 2019. En la protesta, convocada para conmemorar el asesinato del líder opositor ruso Boris Nemtsov, Antonova sostuvo una pancarta con el retrato del fallecido, que decía: "Recordamos".

Las autoridades han abierto tres casos criminales más por los mismos cargos en diferentes partes de Rusia contra otros ex activistas: Anton Mikhalchuk de Tyumen, Maxim Vernikov en Ekaterimburgo y Alexander Savelyev en Ust-Labinsk, en la región de Krasnodar.

El coordinador de Open Russia, Alexei Prianishnikov, manifestó su preocupación ante futuros casos, porque una organización calificada de "indeseable" ya no puede organizar ni participar en ningún proyecto u otras actividades en Rusia y sus integrantes se exponen a una pena máxima de seis años de prisión.

El Consejo de Europa, y la Comisión de Venecia han concluido, recordó HRW, que la ley rusa sobre organizaciones "indeseables" interfiere con los derechos humanos fundamentales consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, incluidos los derechos a la libertad de asociación, reunión y expresión.

"Los verdaderos objetivos de esta "ley contra los indeseables" son los activistas rusos y los grupos independientes", ha remachado Williamson. "Si nos fijamos en los casos penales en curso, la intención es obvia". (Europa Press)