Una notable polémica acerca de qué definición se debe dar a los acontecimientos políticos que culminaron el 12 de noviembre pasado, publicaron los medios de prensa durante últimas semanas, atrayendo el interés de los lectores. Las definiciones indicaron, entre otras, que se trató de golpe de Estado, insurrección popular, levantamiento social, rebelión, cambio de guardia, etc.
En realidad, no hay acuerdo sobre la definición del suceso y el intento no encuentra aclaración y así no esclarece el asunto debido a que se trata de encontrar solución con base en datos subjetivos o apreciaciones semánticas. Sin embargo, cualquier definición que se dé al suceso, su contenido refleja el derrocamiento del gobierno del MAS.
Movimiento social es un concepto abstracto que nada define. No es una definición concreta y por ello no se ha ideado una calificación definitiva al tema, determinando confusión en la opinión pública, políticos, periodistas, historiadores, etc., y creando desorden lógico entre los lectores.
Al respecto, se debe decir que los hechos histórico-sociales no son estáticos. El suceso de noviembre tuvo su evolución y se fue gestando con una serie de pasos durante varios meses, en especial a partir del referéndum del 21 de febrero de 2016. Por entonces, el naciente proceso opositor fue denominado de resistencia y, enseguida, a partir de la rápida descomposición del gobierno de Evo Morales, empezó a ser visto como protesta social incontenible, con visos de guerra civil, y enseguida se lo tipificó como el preludio de una insurrección popular, inclusive anunciada por algunos órganos periodísticos, alguno de los cuales afirmó que “la insurrección es un arte”.
En efecto, el movimiento social evolucionó de hecho en ese sentido y, finalmente, explotó como efecto del fraude electoral que realizó el gobierno de Evo Morales el 20 de octubre, acto doloso que fue la gota de agua que colmó la copa de la paciencia del pueblo y le obligó a tomar las calles, momento que fue denominado como levantamiento popular. Pero la acción social no se detuvo ahí, siguió madurando y adquirió magnitud masiva de gran energía que pasó a convertirse en insurrección revolucionaria para alcanzar su máximo grado y llegar a nivel nacional incontenible, a punto de tomar las armas y convertirse en guerra civil.
El proceso subversivo derivó en un grandioso movimiento de masas a lo largo y ancho del país, el mismo que aterrorizó a los gobernantes del país y los puso en fuga, antes que deriven en hechos lamentables.
Entonces, la insurrección triunfante produjo el cambio de gobierno que, por voz de Evo Morales, trató de ser desprestigiado con la calificación de “golpe de Estado”.
El proceso social no terminó ahí. Siguió evolucionando y cambiando de contenido. Entonces la insurrección, luego de defenestrar a Evo Morales, empezó a debilitarse, pues no cumplió con el objetivo inmediato de crear un Gobierno provisional revolucionario para convocar a una Asamblea Constituyente.
En efecto, en vez de llegar a ese nivel político, la Iglesia, organismos internacionales y elementos políticos sin partido hicieron su intervención, aprobaron acudir a la tabla de salvación de la sucesión constitucional, que culminó en la elección de la segunda vicepresidente del Senado, Jeanine Añez como presidente el país y el anuncio del establecimiento de un Gobierno de transición, hecho definido como acto de continuidad constitucional (CPE, Art. 169 y siguientes), puesto en vigencia.
En el contexto general, el nuevo orden de cosas no dejó de tener su propia evolución y así la insurrección, que degradó en cambio constitucional, devino en cambio de gobernantes, ya que si bien hubo cambio parcial de gobierno no hubo cambio de régimen, pues los órganos (poderes) del Estado no cambiaron de manos, excepto parcialmente en el Ejecutivo; a lo más hubo un cambio de guardia y, finalmente, al ridículo título de rebelión de las “pititas”, a no ser que, en el futuro, un golpe de timón rectifique el rumbo y ponga las cosas en su orden lógico, de tal forma que la historia no avance por el mal camino.
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