En 2006 el campesino Evo Morales se permitió hacer diversas “ofertas” como parte de su “programa de gobierno”: superar el modelo económico extractivo; “nacionalización” de los hidrocarburos; industrialización, salud, educación, etc., y por su grandilocuencia siempre fue “invitado” a debatir para comprender sus ofertas, ¡nunca aceptó! Amparándose en un dislate: “yo debato con el pueblo”, lo que “degeneró” esta forma de comunicación. Ahora la Presidente constitucional presentó el 31 de diciembre un proyecto de ley que busca que los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia del Estado debatan por separado. La organización, ejecución y discusión estarían a cargo del TSE.
Qué es un debate: es la discusión en la que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. Entre éstos están los “debates políticos”; “parlamentario”; dirimidos por un moderador que es el que organiza, dirige, concede los turnos de palabra y centra el tema cuando se desvía. Cuando se trata de temas políticos, dedica un capítulo introductorio al análisis de los aspectos teóricos y al debate entre los candidatos con respecto a sus programas de gobierno.
La propuesta –de la Presidente- es importante para que la población, el soberano, el elector elija a los mandatarios de manera informada, por lo que la Asamblea plural debe crear las condiciones para su cumplimiento. Incluso se habla de que para la transmisión de estos debates, entre los candidatos, se debería poner a disposición los medios de comunicación estatales. Es más, se debería incluir a la mayor cantidad de medios privados, pero de forma remunerada, una muy buena iniciativa ética. Una ciudadanía bien informada, sobre las propuestas de los candidatos, decidirá y favorecerá con su voto al mejor candidato.
No hay una regla clara al respecto. Algunas legislaciones incluyen la realización obligada de debates como requisito de participación en los comicios. Otras, como la boliviana, no se ponen de acuerdo, diría que muchos candidatos no saben qué es un debate”, éstos son los “que viven de la política” –no para la política que es lo que se requiere-. Es más, otros obtusos proponen –demagógicamente- debates en idioma originario. Más allá de la importancia de que en democracia hay muchos espacios de deliberación pública, se trata de un tema de cultura política. ¿Cuán democrático es obligar a debatir? Si un candidato decide no participar, ¿tiene sanciones? Debería ser así. El TSE tiene la última palabra.
Lo que no calza –en un país inculto por 14 años sobre debates- es quién sería el regulador de los encuentros verbales políticos, los tiempos de participación y las preguntas. Podrían ser periodistas –probos- de diferentes medios. ¿Pero existen ellos?, sí, aunque son excepciones. Esta preocupación surge de la “degeneración” ideológica y cooptación de periodistas por parte del anterior gobierno populista de Evo Morales. El debate es imprescindible en democracia, sobre todo de aquellos de preocupación colectiva; esta conversación (debate) siempre es necesariamente plural. Un debate NO permite el “descarrío” y confusión del voto. De hecho, no debe repetirse lo ocurrido en las elecciones generales del 20-O, seguido de un “descomunal” fraude electoral. De hecho, para los comicios del 3 de mayo, a cargo del “nuevo TSE, se debe recordar que los debates entre las y los candidatos, es un deber, por ello, obligatorio.
El autor es Director del Centro de Investigación, Servicios Educativos y de Comunicación (CISEC).
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