Tribunal de Sentencia seguirá con juicio por caso Terrorismo

Pese al retiro de la denuncia particular del Ministerio de Gobierno y la renuncia de dos jueces ciudadanas, en el caso denominado Terrorismo, el presidente del Tribunal de Sentencia, Sixto Fernández, anunció ayer que el proceso continuará con dos jueces técnicos.

La madrugada del 16 abril de 2009, un operativo policial realizado en el Hotel Las Américas de Santa Cruz desarticuló una supuesta célula terrorista que, según exautoridades, pretendía armar una guerra civil para dividir Bolivia, liderada por el ciudadano húngaro-boliviano, Eduardo Rosza Flores. Esa intervención concluyó abatiendo a tres personas, incluyendo a Rózsa. Posteriormente, el Ministerio Público imputó a 39 personas, entre ellas a líderes cívicos como Branko Marinkovic y Zvonko Matkovic.

En una audiencia instalada ayer, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, retiró la denuncia que se presentó en la gestión del expresidente Evo Morales.

“Acabemos con este show, con esta injusticia, con esta farsa y atropello”, dijo Murillo a los jueces durante la audiencia. “Estoy dando la cara, vengo a retirar la acusación particular”, acotó.

Posteriormente, el juez Fernández aseguró que el juicio continuará, porque legalmente es posible.

“Dada la jurisprudencia que existe a nivel nacional, que ha determinado que los juicios se lleven con dos personas, hasta con un juez técnico, ya que esto no vulnera ningún derecho ni garantía constitucional de los procesados y de ninguna de las partes que se encuentra aquí; consecuentemente se dispone la prosecución de este juicio con dos jueces técnicos. Con esta determinación los presentes quedan citados y notificados y facultados a ejercer la apelación que estimen conveniente o aplicar cualquier recurso que estime conveniente la ley”, dijo el juez en audiencia.

FISCALÍA

Retirada la acusación del Ministerio de Gobierno, la única que queda es el de la Fiscalía, quien en las próximas horas decidirá si mantiene o no la acusación.

El fiscal que lleva el caso, Marco Rodríguez, señaló que la decisión se pondrá a consideración de sus superiores, en este caso el fiscal Departamental de La Paz, William Alave.

“Vamos a analizar la solicitud del retiro de acusación que ha realizado el Ministro de Gobierno (…), si es que sucediere el retiro de acusación fiscal, necesitamos la autorización de las autoridades jerárquicas del Ministerio Público, no es una decisión autónoma”, explicó Rodríguez.

APELACIÓN

Al finalizar la audiencia, los procesados aseguraron que no están de acuerdo con la decisión del juez, por lo que anunciaron que apelarán.

“Es una resolución contraria a la ley, violatoria de los derechos y las garantías y vamos a apelar”, dijo Gary Prado, uno de los involucrados.

EXTRADICIÓN

Por otro lado, Murillo, anunció que realiza las gestiones para pedir la extradición del exfiscal, Marcelo Sosa, asilado en Brasil y sentenciado por extorsión, a 12 años de prisión en Bolivia.

“Estamos haciendo las gestiones para aquel fiscal delincuente, el fiscal Sosa, vamos a pedir su extradición para que venga y purgue su condena en este país y en Palmasola por el daño que hizo a los cruceños”, dijo.

Consultado por el retiro de la denuncia del Ministerio de Gobierno, el exfiscal Sosa, en contacto con EL DIARIO, manifestó que en el caso terrorismo, son delitos de orden público, y el Ministerio Público puede investigar y concluir el proceso.

“El proceso ya está en la justicia y ella debe fallar sobre la inocencia o culpabilidad de los acusados. Es decisión del Gobierno, deben tener sus razones para hacer eso; sin embargo, eso no impide que la justicia independiente cumpla su función”, refirió.

CIERRE DEL CASO

Eusebio Vera, uno de los abogados del médico Juan Carlos Santiestevan, en contacto con EL DIARIO, manifestó que el caso inició a querella del Ministerio de Gobierno y al existir el retiro de la acusación particular, hace que el proceso concluya.

“No creo que el Ministerio Público se anime a continuar con su acusación fiscal, porque desaparecerían todos los elementos que en algún momento habría servido para continuar con este juicio, toda vez que la parte interesada, la víctima, en este caso en forma particular y personal, siendo representada por el Ministro de Gobierno se ha retirado, por lo cual no existiría ningún motivo, ni trámite posterior a realizar”, explicó.

Al respecto, Murillo dijo que el caso debe terminar ahora. “Solamente se quedó la acusación del Ministerio Público, que debería ser coherente. Se retiraron los jueces ciudadanos, se retira el Ministerio de Gobierno. Este caso debería acabar acá”, afirmó.

INTERNACIONAL

Vera recordó que este caso se ventila en estrados internacionales, y los últimos sucesos no hacen más que acreditar que todo estuvo manipulado, tal cual se señaló durante años, por lo que prevé perjuicios contra el Estado boliviano.

“Toda esta situación acredita y corrobora lo que en algún momento se ha denunciado. Lamentablemente de aquí a un tiempo tendremos muchos perjuicios en contra del Estado boliviano”, aseveró.

El jurista acotó que existen denuncias a nivel internacional contra el Estado, una de ellas iniciada por los familiares de Michel Dwyer, Mario Tádic y Elód Tóasó, ante la Corte Penal Internacional con jurisdicción en La Haya.

“La última demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue admitida en marzo de 2018, en contra del Estado boliviano, por violaciones y tortura a los Derechos Humanos”, recordó.