Surge planteamiento para consolidar Pacto Fiscal

La falta de consensos y la politización dilataron estos últimos cinco años un puntal central en la economía y la financiación para las Autonomías, el denominado pacto fiscal. Hoy nuevamente esta propuesta surge desde el Ejecutivo y las organizaciones civiles, con la base de un gran acuerdo con bases éticas y la potencialidad de cada región.

“Lo que se requiere aquí es un Pacto Fiscal, saber con qué se cuenta, cuáles son las competencias que se deben asumir, comenzar a ver nuevas fuentes de ingreso y la flexibilización para que los gobiernos subnacionales y municipios puedan tomar también algunas medidas de políticas tributarias. Dependiendo del potencial productivo de cada departamento o municipio es donde se debe trabajar, dentro de lo que se había visto de este Pacto Fiscal”, explicó ayer el ministro de Economía, José Luis Parada.

Fallido y desalentador fue para muchos el intento que en el pasado gobierno de Evo Morales se llevó adelante tras la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), el 7 de julio de 2010, que establece la realización de un Pacto Fiscal. Muchos aseguran que este fracaso se dio por motivos políticos y los intereses del pasado gobierno del MAS.

Es así que ya para el 2017, el gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, le manifestó al expresidente Evo Morales su molestia por el avance casi nulo en el pacto fiscal, calificándolo como una “burla grotesca a los bolivianos”.

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, también fue en esa línea y aseguró que el desarrollo del departamento se vio truncado por la gestión y lineamientos meramente políticos del pasado gobierno del MAS con su intento inconcluso de este Pacto Fiscal.

Con autoridades afines a su gobierno, Morales llevó adelante diferentes reuniones para debatir este pacto. Muchos que no seguían su línea política no asistían a estas convocatorias.

Las exautoridades incluso hablaron de plazos y establecieron que debería concretarse en un plazo no mayor de seis meses tras los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012, pero esto no se dio y los retrasos continuaron con denuncias de claras intenciones políticas en el manejo del debate de este pacto. (Anf)