Causa asombro que cada día se descubra alguna otra acción económica descabellada del gobierno de Evo Morales, derrocado del poder hace más de dos meses. Esta vez se trata del negocio irresponsable de la empresa estatal ensambladora Quipus, que significó para el pueblo boliviano un enorme gasto y no ofrece el menor rendimiento y más bien produce pérdidas para la Nación y el Estado.
Por su afán de derrochar el dinero del pueblo, hacer negocios con traficantes de inversiones y beneficiarse con comisiones, el gobierno presidido por Evo Morales adquirió de China, en el año 2013, un equipo obsoleto para ensamblar teléfonos móviles y computadoras, por la suma de 60 millones de dólares. Esa inversión debía producir ganancias netas de por lo menos cinco por ciento al mes, aparte de recuperar la inversión y otros.
Sin embargo, la empresa, mal manejada, pésimamente administrada y que no servía para atener el consumo nacional, funcionaba a pérdida y los teléfonos y computadoras que ensamblaba eran de calidad tan baja que fueron rechazados por los consumidores de dentro y fuera del país. Su producción tuvo que ser almacenada sin poder ser vendida, a tal extremo que acumuló en sus depósitos 11.200 teléfonos móviles y 14.000 computadoras Kuas, hecho que fue atribuido a su mala calidad y falta de comercialización.
Se trató, pues, de un negociado que hizo grave daño a la Nación y al Estado bolivianos, nada menos que por el monto ¡¡de 60 millones de dólares!!, en otras palabras, un elefante blanco que no ofrece beneficio alguno, sino solo significa pérdidas.
Ese despilfarro para el montaje de esa industria sirvió para varios fines. En primer lugar, se gastó 10 millones de dólares para la planta de fabricación de equipos, que comprende tres secciones. En segundo lugar, se gastó 48 millones de dólares para la compra de piezas y partes de las computadoras a ser ensambladas y, en tercer lugar, se invirtió 1.5 millones de dólares para la adecuación de galpones donde funciona la empresa ensambladora, bajo el título de Planta industrial de Kallutaca, en el camino de La Paz a Laja.
Esa “industria” adquirida, que solo trabajaba con artículos importados y no utilizaba ninguna materia prima nacional, excepto la mano de obra de los trabajadores bolivianos (como continúa actualmente), inició sus actividades con el mal manejo de sus administradores. Está bajo dependencia del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, cuya titular en el anterior gobierno era Nélida Sifuentes. Además, vivía con déficit permanente que tenía a la empresa en estado de quiebra, hecho que se demuestra con la información que entre los años 2014 y 2018 tuvo ingresos por debajo de los gastos de operaciones, que produjeron un déficit de Bs. 143 millones.
Cerrando la información acerca de este negociado, se señala que los 60 millones de dólares de la inversión corresponden a un préstamo del Fondo para la Revolución Industrial, fondos que deben ser cancelados y tampoco fueron amortizados. ¡Más claro, agua”.
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