Ante la renuncia y abandono de sus funciones de las ex autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo, por la presión de la ciudadanía que se volcó a las calles durante 21 días, debido a un grosero fraude electoral, asumió la presidencia del Estado la entonces presidente del Senado, que convocó a elecciones generales, tal como establece la Constitución Política del Estado. Para estas elecciones han anunciado su postulación cerca de media docena de precandidatos de la oposición democrática al gobierno autoritario que nos gobernó; esta corriente del populismo de izquierda que estuvo en el poder del Estado casi catorce años, cuenta con un voto “duro”, es decir seguro del 25 % del electorado, debido a su discurso indígeno-racista que ha alineado a los grupos sociales rurales.
Además del voto indígena rural, el populismo masista cuenta con algunos grupos extremistas que siguen las consignas del expresidente, pues éste cuenta con cuantiosos recursos económicos acumulados por los sobreprecios de todas las obras públicas ejecutadas durante casi catorce años de ejercicio del gobierno, además recibirá otro importante aporte del Estado por haber obtenido la mayoría en las anteriores elecciones.
La población boliviana está dividida entre el populismo que sigue la línea del socialismo del Siglo XXI y las corrientes democráticas que abarcan un amplio espectro partidario y de la sociedad no partidista, de tal suerte que ese amplio espectro y la cantidad de candidatos supuestamente demócratas, le da esperanza al populismo de retornar al poder por el voto ciudadano.
Lo que no se han dado cuenta los varios candidatos presidenciales contrarios al populismo es que la ciudadanía de nuestro país está polarizada entre el populismo autoritario y la democracia, y debido a que el populismo, pese a haber perdido la presidencia y vicepresidencia por renuncia y abandono, conserva la mayoría absoluta del Órgano Legislativo, el Órgano Judicial y buena parte del aparato administrativo del Estado, pues no debemos olvidar que en el anterior gobierno ningún cargo o función pública era dada sin el aval partidario del partido de gobierno.
Con la finalidad de que en las próximas elecciones generales se dé un definitivo desempate, las corrientes democráticas debieran conformar un solo frente electoral, con la capacidad primero de conseguir una victoria contundente en las urnas, la mayoría en el Órgano Legislativo, y un futuro gobierno fuerte que permita tomar las medidas urgentes en materia económica y social para evitar el colapso al que nos dirigimos, pues hace ya varios años que estamos en un cuadro de deterioro económico y repercusión social, con déficit fiscal de más del 8% del PIB, déficit en la balanza comercial, pérdida de la reserva de divisas en el Banco Central del 50% en relación con el año 2015 y un elevado índice de desempleo y crecimiento de la actividad informal y la delincuencia originada en la pobreza.
El nuevo gobierno que emerja de las elecciones próximas deberá implementar una política fiscal de austeridad, lo que importa una pérdida de simpatía ciudadana, en especial de los grupos sociales que se beneficiaron del despilfarro de la anterior gestión de gobierno que gozó de los altos precios de las materias primas que exportamos. Ahora estamos en el tiempo de las “vacas flacas” y las políticas que sean diseñadas tendrán que ser oportunas ante la crisis, y creativas para enfrentarla y mitigarla.
La ciudadanía que se volcó a las calles y echó del poder al expresidente (en especial los jóvenes y mujeres) demanda una única candidatura de oposición fuerte, en lo posible que signifique renovación y unidad democrática, para enfrentar al populismo que sigue en parte del poder político del Estado y pone en peligro la débil democracia conseguida.
Es tiempo en que los políticos y politiquillos dejen de lado sus ambiciones de poder y soberbia personal, en aras de superar la actual situación de incertidumbre, para conseguir la paz, la seguridad y el orden institucional que requiere la Patria.
Ante el pacto de unidad populista presentemos un acuerdo de unidad democrática.
El autor es abogado, politólogo y escritor.
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