Penosa historia en torno a pensiones

La Gestora de Pensiones de Largo Plazo había sido creada por el Gobierno de Evo Morales el año 2010 por Ley O65 y debía ejecutar sus funciones desde el 2015. Se contrató después a la Sysde International para el traslado de datos de las Administradoras de Pensiones a la nueva entidad estatal, por un monto de 6.1 millones de dólares. Esta empresa incumplió, no obstante haber recibido tres millones de dólares, encontrándose el caso en arbitraje internacional.

La creación de la Gestora de Pensiones fue fruto de un falso criterio de nacionalizar diversas actividades, junto a un prejuicio ideológico adverso a la gestión privada. El resultado es la inutilidad de una gestora nacional incapaz de poder iniciar su cometido a lo largo de diez años. Lo peor, con un costo millonario de recursos que se cargará a los ahorros previsionales del público.

Pero no para ahí el cuento, sino que ante este fracaso en gran parte por la incurable incapacidad de los gobernantes del “cambio” y sobre todo por su avidez de enriquecimiento ilícito a costa de multitud de contrataciones ineficientes, para convertir en millonarios a reducidos grupos mediante ilícitas “comisiones”, se había recurrido esta vez a Heinsohn Busines Technology por un monto inicial de 10.9 millones de dólares o sea casi el doble de la anterior contratación, nuevamente para el traslado de datos de las AFP.

Ahora se reveló que además cobraría 1.6 millones de dólares al año por el “alquiler” del soffware. El Estado desembolsaría a favor de este proveedor la casi astronómica suma de $US 64 millones en 40 años, solo por este concepto. Además el Gobierno de Evo Morales duplicó la contratación a favor de tres consultores nacionales por un millón de dólares, al margen de los millonarios sueldos que perciben los burócratas de la Gestora a lo largo de varios años. Así se despilfarraba el dinero público en auxilio de los parciales del régimen.

Novedad es también que los ejecutivos de Gestora Pública son los verdaderos contratantes (ahora con la Heinsohn) por los montos señalados. Efectuó el análisis de la oferta en medio de los conflictos ocasionados por el fraude electoral del 20 de octubre, de suerte que el contrato con esta proveedora se firmó 23 días después de vencidos los plazos ampliatorios. Había que concluir el negocio contra viento y marea.

Por fin el ministro de Economía, José Luis Parada, anunció la resolución del contrato. Son ya obvias las anomalías e irregularidades y la posible lesión económica. Se dice que Heinsohn evalúa los daños emergentes de la anulación contractual. Esto supone un nuevo proceso internacional, una de las herencias del pasado gobierno que embarcó al país en decenas de casos parecidos con fuertes erogaciones. Se deja en manos del futuro gobierno constitucional la continuidad o no de la Gestora de Pensiones, siendo notables las opiniones contrarias de muchos expertos.