Sector público es deudor de las empresas constructoras

El manejo de la economía nacional entre los años 2006 y 2019 innegablemente no estuvo acertado porque, debido a los gastos dispendiosos, se establece claramente que los dineros del Estado fueron manejados irresponsablemente, sin control alguno y como si se tratase de economías personales.

El anterior gobierno, sin plan determinado y debidamente estudiado, jamás supo qué reglas cumplir, cuánto recibía y cómo gastaba el dinero recibido tanto por las exportaciones como por haber tenido a su disposición las condonaciones (que debieron ser utilizadas para el desarrollo) realizadas por entidades internacionales y países amigos. El manejo irracional e irresponsable de la economía dio lugar a que normalmente el país deba por servicios y bienes que proporcionaba el sector privado.

Las empresas constructoras son algunos de los ejemplos que demuestran cómo fueron encargadas obras que solamente recibieron adelantos y nunca se les pagó los saldos que por muchos millones de bolivianos se adeuda a las empresas constructoras del país. Esta realidad pesa ahora sobre empresas que han liquidado todo lo que disponían para sufragar obligaciones, pagos a personal y otros.

Las empresas constructoras con todo derecho reclaman esos pagos porque, de otro modo, muchas de ellas paralizarán operaciones, con los consiguientes perjuicios y reclamos de quienes dependen de esos cumplimientos. Y es que esas constructoras no reciben el dinero que adeudan las diferentes reparticiones gubernamentales.

Lo que se ha comprobado, en diversas oportunidades, es que parte del sector privado de la construcción ha sido reemplazado con empresas chinas que se hicieron cargo de muchas obras y han recibido oportunamente el pago por sus servicios, en desmedro de la empresa nacional casi siempre relegada. Estas discriminaciones se debieron seguramente a que China otorgó importantes créditos al país, con la condición de que constructoras chinas se hagan cargo de la construcción de muchas obras, como carreteras, puentes y determinadas edificaciones.

El gobierno actual, pese a que tiene que cumplir muchas obligaciones pasadas y atender las que demanda el funcionamiento del país, prácticamente está impelido a convenir pagos a las empresas constructoras; de otro modo muchas paralizarán labores y otras se verán obligadas a cerrar, con las consiguientes consecuencias, especialmente en el campo social. Además, se verán ante la imposibilidad de cumplir con quienes, en su momento, les proporcionaron materiales, como cemento, fierro, etc. para que puedan cumplir con los contratos suscritos para la realización de diversas obras.

Es urgente, pues, que, en la medida de las posibilidades, el Ministerio de Economía estudie los casos y ponga remedio a una situación que coloca a muchos empresarios en condiciones de falencia permanente, a más de tener que cubrir obligaciones contraídas en bancos.