La autocracia de Morales empieza a extinguirse

En el gobierno de Evo Morales, durante 14 años reinó la autocracia, (del griego «autokrateia») un sistema de gobierno que concentra el poder en una sola figura (a veces divinizada), cuyas acciones y decisiones no están sujetas ni a restricciones legales externas, como ocurrió con el refugiado que subordinó a los tres órganos del Estado (sometidos, algunos con prebendas), sin respetar la Constitución Política del Estado que en el Art. 12. III. define: “Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”.

En el ejercicio del poder prometió que ni un muerto habría, pero con uso irregular de la fuerza, en su gobierno hubo más de 100 muertos a nivel nacional, muchos fueron los que se movilizaban contra sus políticas nefastas, y su viceministro Rodolfo Illanes en 2016 fue enviado a la muerte, cuando se reprimía a los mineros cooperativistas. Y la justicia corrupta multiplicó procesos contra opositores a su gobierno, perseguidos que se fueron de Bolivia y otros que en cárceles aún permanecen y los muertos continúan en la impunidad.

El filósofo inglés John Locke consideró que la tiranía “es el ejercicio del poder más allá del derecho, donde nadie tiene derecho; y éste, haciendo uso de la fuerza que tiene en sus manos, no lo usa para el bien de los que están debajo de él, sino en su propia ventaja”. Esta definición se aplica a Bolivia, cuando el refugiado Morales en su segundo mandato argumentó que la Nueva Constitución Política del Estado, elaborada por la Asamblea Constituyente y aprobada por el soberano con 64% de votos, según el cocalero cambiaba al Estado “Plurinacional”, violentando el Art. 168 de la CPE, y la Disposición Transitoria II: “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”.

No respetó el estado de derecho definido en el Primer Artículo de la CPE, mucho menos cuando se realizó la consulta al soberano el 21 de febrero de 2016 y el pueblo mandante dijo NO a la reforma de la CPE y por tanto a su repostulación. Sin embargo, con argucias obligó al Tribunal Constitucional Plurinacional a modificar el Art. 168 para su propia ventaja.

Norberto Bobbio dijo: “Es verdad que el poder sin derecho es ciego y el derecho sin poder queda vacío, pero también es verdad que la teoría política no puede dejar de tomar en consideración primeramente el nulo poder, independientemente de los llamados principios de legitimidad, es decir, de las razones que lo transforman en un poder legítimo, así como la teoría jurídica no puede dejar de tomar en consideración el sistema normativo en su conjunto, como una serie de normas una a otra vinculadas según un cierto principio de orden, independientemente del aparato de la fuerza predispuesto para su actuación”.

Pero nada mejor que esta reducción en el vértice nos permite comprender que el problema del poder y el de la norma son las dos caras de una misma moneda, por ello Morales fue déspota, porque implantó un gobierno absoluto y tirano.

Recordando que Aristóteles decía “el tirano sale del pueblo”, el tirano cocalero se ganó la confianza del pueblo, con su demagogia de “gobernar obedeciendo al pueblo”, pero nunca obedeció ni siquiera a sus “movimientos sociales”. Se hacía obedecer con prebendas, regalando nuestros recursos económicos y materiales y despilfarrando nuestros ahorros, realizando préstamos cuando se suponía que estábamos con una economía “blindada”, según el candidato del MAS Luis Arce Catacora. Ahora se descubre que solo era un blef, con números falsos, como todo en el gobierno, que fomenta la pobreza del pueblo y ejecuta políticas para establecer algún tipo de deuda o dependencia perpetua que atemorice a favor del Estado del tirano.

Lo que corresponde ahora es extirpar de raíz la corrupción naturalizada y enquistada en las instituciones estatales, el despilfarro de nuestras reservas internacionales, defender nuestros recursos naturales, recuperar los derechos humanos y los principios y valores establecidos en nuestra Norma Suprema.

La autora es Abogada, ex Asambleísta Constituyente.