Bascopé inicia sexto año con detención preventiva

La audiencia del juicio oral de Juan Bascopé acusado, a decir de su defensa sin pruebas fehacientes, de asesinato, dentro de las investigaciones del caso Apolo, fue suspendida ayer debido a la inasistencia del Ministerio de Defensa y falta de representatividad en caso del Ministerio de Gobierno.

En audiencia instalada ayer en el salón rosado del Tribunal Departamental de Justicia, el juez, a solicitud del Ministerio de Gobierno, postergó para el 3 de febrero la audiencia por el caso Apolo.

En octubre de 2013, un enfrentamiento entre efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y productores de la hoja de coca del municipio de Apolo de la Provincia Bautista Saavedra de La Paz, dejó el saldo de cuatro personas fallecidas. Por el hecho Juan Bascopé guarda detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz.

El abogado Francisco Pacheco, que defiende a Bascopé, refirió que si bien su defendido estaba en el lugar, nuca disparó y menos mató a alguien.

Explicó que ese día los dirigentes de la comunidad, presionaron para que todos los pobladores asistan a las actividades que se realizaron en defensa de la hoja sagrada y hacer frente a los atropellos que se recibieron por efectivos de la FTC.

El jurista lamentó que los 12 dirigentes y otros 12 pobladores estén acusados por el Ministerio Público por el delito de lesiones graves y leves y que se acusen solamente a su defendido por asesinato, sin ninguna prueba que lo incrimine, solo declaraciones testificales de efectivos policiales.

“Son una especie de 12 dirigentes incluidos en este caso, están acusados con delitos menores como lesiones graves y leves y será una pena mínima que van a recibir estos dirigentes que han presionado a la población para salir, y por eso don Juan salió, pero nunca disparó. Él es apicultor, nunca tuvo plantaciones de cocales”, aclaró.

Relató que después de los hechos Juan Bascopé estaba en la clandestinidad, posteriormente fue aprehendido porque se emitió una orden para ello. Después fue imputado, empero entre su aprehensión e imputación, fue víctima de una serie de torturas, instruidas por el entonces Viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.

“Lo lesionaron tanto que incluso le hicieron declarar para que se inculpe, él lo hizo pero ese documento no existe, lo hicieron desaparecer. Hay una segunda declaración donde él dice lo que pasó”, aclaró el jurista.

Por otro lado, Pacheco manifestó que después de los hechos encontraron un arma de fuego en un lugar que su defendido nunca estuvo, empero no se hicieron las pericias respectivas, para ver si el arma tenía huellas de su defendido, si el calibre correspondía a los fallecidos, entre otros.

“No se hizo ningún trabajo pericial en las armas que encontraron, no se hizo pruebas de guantelete ni otras. Solo hicieron exámenes médicos forenses a los cuerpos, y pese a ello lo están acusando”, dijo.

Asimismo lamentó que a la fecha el Ministerio Público no haya realizado la Inspección Técnica Ocular (Ito), ni la reconstrucción de los hechos, elementos que habrían ayudado en la investigación, si se hubiera efectuado en el plazo que dicta la norma.

Pacheco explicó que una Ito o reconstrucción de los hechos se tendrían que hacer a 20 días después del hecho porque con el tiempo se van perdiendo las pruebas o los indicios que se podrían encontrar.

JUICIO

A tiempo de lamentar actuados erróneos dentro el proceso, el jurista explicó que en julio de 2019 se realizó la apertura del juicio, empero hubo procedimientos defectuosos por lo que pidieron la extinción del proceso, por duración máxima, siendo que ya pasó más de tres años.

Explicó que si bien el juicio ya había iniciado la gestión pasada, se plantearon incidentes de actividad procesal defectuosa, por lo que se anularon obrados hasta la apertura de juicio y ayer debía iniciar la misma.

Asimismo, lamentó que pese a que la justicia sabe que su defendido guarda detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz, se les haya notificado, al igual que los demás imputados declarados en rebeldía, con la acusación, a través de un edicto público.

DATOS

En octubre de 2013, se produjo una incursión violenta a varias comunidades de Apolo con motivo de la erradicación de coca excedente. Varias investigaciones establecen que la incursión de la FTC, de Policías y Militares no fue precisamente a plantaciones excedentes, sino a zonas de producción identificadas como tradicional.

La Fiscalía acusó también a otras 23 personas, entre agricultores, estudiantes, productores de coca, albañiles y vecinos de varias comunidades de Apolo, por los mismos delitos, excepto el de asesinato.

Bascopé denunció que fue detenido ocho meses después del enfrentamiento contra cocaleros, luego de que 20 jóvenes, exsoldados de la FTC declararon en su contra y lo señalaron como uno de los principales autores de los asesinatos de cuatro miembros de esa institución.

“Quiero que se presenten en el juicio, que declaren frente a mí, ellos saben quiénes son los culpables, quiénes escondieron las armas”, dijo Bascopé. Asimismo, en 2013, 17 mujeres denunciaron que efectivos de la FTC cometieron abuso sexual, vejaciones, malos tratos y severas agresiones contra ellas y otros pobladores de Apolo en la incursión ocurrida en octubre de 2013, en la comunidad de Miraflores, donde debían ejecutar un operativo de erradicación de coca ilegal.

Las afectadas formularon la denuncia por masacre, vejámenes, malos tratos, violencia sexual, amenazas de muerte, gasificación a domicilios, destrucción de propiedad y robo.