Auditoría evidencia nulidad en dotación de tierras en Chiquitania

Los resultados preliminares de la auditoría realizada a la dotación de tierras, durante los últimos dos años, identificaron vicios de nulidad e incumplimiento de normativas en la distribución de esas hectáreas, principalmente en la región de la Chiquitania de Santa Cruz, reveló viceministro de Tierras, Gustavo Terrazas.

Según Terrazas, las primeras muestras de la auditoría, que será concluida en febrero, evidencian que existen lugares donde se entregaron tierras, pero no existe actividad humana ni función social.

“En las primeras muestras que hemos podido evidenciar hay comunidades en las que no existe actividad humana, comunidades donde parcialmente existe la comunidad humana y se está cumpliendo parcialmente una función social”, informó a los periodistas.

Recordó que en diciembre de 2019 se instruyó hacer una pausa en la distribución de tierras, para efectuar una auditoría jurídica y técnica en campo y determinar si existió o no irregularidades en ese proceso durante los últimos años.

Explicó en se encontraron vicios de nulidad en la dotación de tierras, ya que para consolidar ese proceso se debe poner en conocimiento a las comisiones departamentales agrarias, lo que se omitió en los últimos dos años a través informes, lo que contraviene la normativa vigente.

Aclaró que eso no significa que se vaya a anular la dotación de tierras en ese período, sino que se reconducirá los procesos para regularlos conforme a ley.

“Si bien se tendrían que anular algunos actuados, lo que se va tratar es reconducir los mismos, es decir se anula hasta cierta parte y con eso reconducimos. Si son lugares donde se desarrolle actividad forestar están viciados de nulidad”, dijo.

ASENTAMIENTOS

El 8 de septiembre de 2019, una publicación de EL DIARIO, sostiene que los incendios de magnitud registrados en la Chiquitania destaparon el tema de la distribución de tierras en el oriente boliviano, destinados para el asentamiento de interculturales con aprobación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), aunque negó que se haya otorgado los permisos de asentamientos en las zonas del siniestro, pero las resoluciones emitidas desde marzo lo contradicen.

Entre el 11 y el 17 de marzo, el INRA entregó resoluciones de aprobación de asentamientos a las llamadas “comunidades interculturales”, sectores sociales de colonizadores, movimientos sin tierra y gremios sindicalizados aliados al régimen de Evo Morales, que desde 2006 se organizan para lograr tierras en los valles, oriente y amazonia del país, según publicación de Visor Bolivia.

El director nacional del INRA, Roberto Polo, había negado que esa entidad hubiera aprobado los asentamientos en las zonas en las que se produjeron los incendios que hasta la fecha no han podido ser sofocados.

Para el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, las tierras afectadas por el incendio son precisamente aquellas que el INRA repartió desde 2018, pues el 70 por ciento de las hectáreas quemadas son tierras fiscales y de empresas agropecuarias.

REPARTICIÓN DE TIERRAS

Para el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, las tierras afectadas por el incendio son precisamente aquellas que el INRA repartió desde 2018, pues el 70 por ciento de las hectáreas quemadas son tierras fiscales y de empresas agropecuarias.

Colque, en palabras al matutino Los Tiempos, confirmó que los incendios afectan a los municipios de San José de Chiquitos, San Rafael, San Ignacio de Velasco, San Matías, Roboré y Puerto Suárez.

La Fundación Tierra calcula que existen más de mil comunidades asentadas en la Chiquitanía desde el inicio del “proceso de cambio” en 2006, con políticas gubernamentales que promovieron además los “perdonazos” a las quemas y desmontes ilegales.

El investigador y abogado del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social – CEJIS, Leonardo Tamburini, publicó en su cuenta de Facebook, las diez normativas elaboradas durante la última gestión de Evo Morales, para ampliar la frontera agrícola en deterioro de las tierras, reservas naturales y territorios indígenas.

Tamburini llama “paquetazo” a estas leyes y decretos, fruto del consenso entre el MAS y el empresariado de Santa Cruz y Beni, que van desde la Ley 337 de 2013 que estableció el “perdonazo” a los desmontes ilegales desarrollados entre 1996 a 2011, hasta el polémico Decreto Supremo 3973 de julio de 2019 que amplió el desmonte de bosques y la quema controlada en tierras comunitarias en ambos departamentos.

“Se debe cambiar el modelo productivo agroextractivista que supone la liquidación de los bosques nacionales”, citó.

La distribución de tierras del régimen de Evo Morales coincide con el informe de la Fundación Tierra de 2011, que identificó zonas de expansión agrícola y ganadera en Santa Cruz, que tenía importante presencia de empresas de Brasil.

La Chiquitania, en un mapa elaborado por esa organización, se encuentra justo en la zona que va desde San Miguel a Puerto Suárez, con esta región amazónica en medio, caracterizada como “área de expansión agrícola”.

RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL

En marzo, cuando el entonces director del INRA y actual viceministro de Tierras, Juan Carlos León, entregaba la resolución de asentamientos a la Federación de Interculturales de Santa Cruz, que incluyó parte de la provincia Chiquitos, conminaba a los colonizadores a apresurar la instalación de cultivos.

“De estas 26.000 hectáreas, quisiéramos que para el siguiente año estén cultivadas 6.000 hectáreas. Sabemos que se requiere capital para producir, es importante que ustedes produzcan para aportar a la Seguridad Alimentaria del país”, decía León.

El 9 de julio el consejo de ministros aprobó el Decreto Supremo 3973 dictado por el mandatario Evo Morales, con el que se amplió la acción de desmonte de tierras a las llamadas “tierras comunitarias”, es decir, aquellas que el INRA ya había aprobado para la acción de los interculturales meses antes.

El anterior decreto 26075 de 2001, que fue modificado con esta norma presentada en la sede de la Federación de Ganaderos de Beni, solo aprobaba el desmonte en tierras privadas y según reglamentos departamentales. El D.S. 3973 agregó la figura de “tierras comunitarias” y también incluyó a Beni en los permisos de “quemas controladas” o “chaqueos”, que ya se daban en Santa Cruz.

Con el siniestro de la Chiquitania, el Gobierno quedó marcado como “ecocida” y “biocida”. Sin embargo, las posiciones ambientalistas quedan cortas con un tema que hace a la redistribución de las tierras de oriente y amazonia en favor de los sectores corporativos que son la base social del régimen socialista populista de Evo Morales.

Datos últimos de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano hablan de 40 millones de árboles con valor comercial perdidos por el siniestro, que tendrían un valor de mercado de 1.140 millones de dólares en este bosque seco, además de alertar sobre 1.200 especies de fauna afectada entre 43 ejemplares de anfibios, 140 reptiles, 788 aves y 242 mamíferos. (VisorBolivia)