Denuncias que merecen serias investigaciones

El cambio de gobierno ha permitido que se despejen muchos hechos contrarios a las leyes cometidos por el anterior régimen. Las condiciones de libertad y vigencia de la democracia han permitido que la institucionalidad pueda ser norma diaria de la vida nacional y que, conforme a los mandatos de las leyes, se pueda descubrir hechos que habían sido ocultos durante años y delitos que jamás fueron conocidos.

Hay denuncias de toda laya sobre hechos contrarios a la Carta Magna, a las leyes, a los derechos humanos y violaciones en contra de entidades y personas que es necesario que los estrados judiciales conozcan y procesen. Hasta el mes de octubre pasado, solamente los fiscales tenían posibilidades de realizar investigaciones, cuyos resultados jamás fueron conocidos y menos que hayan pasado a estrados judiciales para que sean los jueces quienes estudien, analicen y juzguen hasta imponer las sanciones que corresponda. En otros términos, todo estaba sujeto a que el llamado “fiscalato” tome conocimiento de algunos hechos y, de acuerdo con criterios del partido de gobierno, ser analizados y pasados a algún juzgado, donde dormían “ad-aeternum” casos que merecían ser juzgados y, como máximo, tener sentencia o decisión de juez en el término de pocas semanas.

Hoy, hay denuncias; pero se corre siempre el riesgo de que muchas de ellas sean por simples inquinas personales o derivadas de venganzas; por todo ello, toda denuncia debe ser investigada y, con las pruebas debidas, pasar a conocimiento y juzgamiento del juez respectivo, porque es tiempo de que los juzgados transiten por las sendas de la justicia, de la verdad y la corrección; que no existan presiones de intereses y conveniencias político-partidistas o personales que influyan sobre la voluntad de los juzgadores.

Tiene que haber, pues, altura, transparencia, honestidad y honradez en el trato a cada asunto, a toda denuncia y no pueden haber parcialidades ni intereses creados en el tratamiento de los diversos casos y es la justicia con caridad y responsabilidad la que tiene que analizar y juzgar cada caso, cada situación e imponer las penas que corresponda o, en casos, reconocer la inocencia de inculpados que podían haber sido denunciados y juzgados injustamente. Es tiempo de que la justicia actúe conforme a sus propios principios y no haya adulteraciones o conveniencias de ninguna naturaleza. Por todo ello, son precisas las condiciones de equidad y ecuanimidad en las investigaciones para llegar a la situación en que la justicia deba actuar dignamente.

Toda denuncia, debidamente acompañada de pruebas merece ser tomada en cuenta y puesta a consideración del fiscal para que éste complemente las investigaciones y, luego, eleve cada caso al juez que debe ser probo, ecuánime y justo, sin ingresar nunca en lo que dijo Dn. Francisco de Quevedo: “Donde no hay justicia es peligroso tener razón, ya que los imbéciles son mayoría”.