En las elecciones del 26 de enero participaron 10 partidos uno de los cuales, de centro-derecha, ganó 24 escaños de los 130 lo que arroja un balance poco halagüeño. El resultado desalienta a la derechista Fuerza Popular (FP) que lidera K. Fujimori que ha perdido control del Congreso y que ahora ha vuelto a ser encarcelada lo que le resta posibilidades electorales para las elecciones de 2021. Por otro lado el electorado, apático, restó legitimidad a los resultados ya que siendo el sufragio obligatorio, hubo votantes que prefirieron anular la boleta.
En septiembre de 2019 el presidente Martín Viscarra disolvió un Congreso atiborrado de escándalos de corrupción con apoyo de la población. Tomó la drástica medida para evitar los disturbios que se produjeron en Chile y Ecuador, y ahora sus proyectos de ley anticorrupción acaso tengan mayor receptividad y las leyes se aprueban, aunque existe la posibilidad de que no se aprueben. Recordemos que la elección especial se originó cuando el presidente Viscarra el año pasado recurrió a una interpretación cuestionada de la Constitución para cerrar el Congreso. Pero ahora es posible que reviva su cometido de eliminar la inmunidad parlamentaria que ha protegido a congresales acusados de enriquecimiento ilícito, reformar el financiamiento de campañas y actualizar el sistema judicial.
La mayoría de los congresales electos son relativamente desconocidos y regirán algo más de un año hasta que expire el mandato de esta legislatura. Además ni ellos ni los que fueron congresales al cerrarse el Congreso en septiembre podrán candidatear en 2021 para lo que se preparan Rosa Bartra y Yeni Vilcatoma, ex miembros del partido fujimorista FP que dominaba el Congreso anterior y que ahora candidatearán por otro partido de derecha: Solidaridad Nacional (SN). L. Loveluck del WP dice que Bartra ha causado alboroto al acusar a las escuelas fiscales de enseñar a los niños a “masturbarse con hojas de filo y tornillos”. SN en este momento recaba el 1% de la preferencia de voto.
Por otra parte la pesadilla causada por los $800 millones en coimas pagados en América Latina por la compañía de construcciones brasileña Odebrecht sigue pesando también sobre jueces corruptos peruanos como César Hinostroza de la Corte Suprema, al que la justicia española busca extraditar, y sobre los ex mandatarios Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Por lo mismo, Pedro Pablo Kuczynski está bajo arresto domiciliario en espera de posibles cargos. Alan García se suicidó en abril a tiempo de ser arrestado. Ahora, todos y cada uno niega haber recibido dinero de Odebrecht. Hay resistencia de parte del Poder Judicial a cualquier alteración de los procedimientos lo que resta seriedad a las investigaciones ya que el ex Fiscal General, Gonzalo Chávarry, acusado de querer cerrar el caso Odebrecht, continúa como juez supremo, y la semana pasada la cabeza de la Corte Suprema, José Luis Lecaros, fue declarado bajo investigación por posibles favores acordados.
Por otro lado Bloomberg News anota que el presidente del Banco Central de Perú, Julio Velarde, dijo que el gobierno debería actualizar la forma en que calcula el PIB ya que la inflación fue solo de 1,9% en 2019, lo recaudado por impuestos a individuos subió 10,8%, y la economía de Perú quizá haya crecido 2,3% según números preliminares del Banco Central. Perú bulle pero la caldera aguanta ya que la situación no ha llegado a alterarse como en los países vecinos. Bolivia tampoco está siendo un dechado de tranquilidad.
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