Investigarán a fiscales de obras viales

El Ministerio de Obras Públicas informó que se investigará a los fiscales de obras para conocer en detalle los procesos que se dieron para la entrega y conclusión de los proyectos viales, debido a observaciones que se encontraron en las inspecciones

El ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda, Iván Arias Durán, anunció que se investigará a los fiscales de obra que durante el anterior gobierno, aprobaron pagos para empresas que no cumplían con la ejecución de las obras viales dentro del marco normativo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

La investigación anunciada por la autoridad surge a partir de los datos sobre la deuda acumulada por la anterior administración de la ABC que asciende a los 703 millones de bolivianos con 291 empresas constructoras nacionales y el plan de pagos que se activó desde el 20 de enero.

El Mopsv inició con el desembolso de 79 millones de bolivianos de fuentes internas (Bs 41 millones) y externas (Bs 38 millones), para las constructoras, subcontratistas y medianas empresas que se vieron perjudicadas por la falta de pagos del gobierno del MAS.

En el proceso de evaluación, el Ministerio y la ABC identificaron algunas sospechas por informes de los fiscales de obra que avalaban el avance y ejecución material, pero que no coincidían con las construcciones en sitio.

“Para pagar una planilla, el fiscal de obra debe decir que todo está bien, y hemos encontrado que muchas planillas estaban aprobadas, pero cuando vamos al sitio a ver en el terreno, no está el avance de las obras y nosotros tenemos que corroborar que las obras están como dice el informe”, explicó la autoridad del Mopsv.

El Ministerio de Obras Públicas inició los procesos y las investigaciones con el cruce de información con otros despachos de Estado, para establecer si existieron hecho irregulares en cada informe de las obras de construcción vial.

Arias también confirmó la reunión de esta jornada con representantes de la Cámara Boliviana de la Construcción y la Cámara Departamental de Santa Cruz, para evaluar la situación del sector y la reprogramación de pagos para las empresas nacionales impagas y perjudicadas desde 2018.