El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció ayer que se alista una querella contra todos los involucrados en el montaje del denominado caso Terrorismo, entre ellos Evo Morales, Álvaro García, Raúl García, Juan Ramón Quintana, policías de todo rango, entre otros partícipes, que están incluso sindicados de haber extorsionado a las familias de los procesados.
“En mi condición de Ministro de Gobierno, estoy preparando la querella contra todas y cada una de las personas que trabajaron en montar ese caso. Policías, militares, abogados, curas, sacristanes, los que tengan que ver con ese caso van a ir a un juicio, porque no es posible que por hacer política hayamos condenado a tantos años de cárcel, se haya destruido familias, personas, esa es una canallada que no tiene nombre y no podemos permitir. La cabeza de todo eso es Álvaro García, Raúl García, Evo Morales, Juan Ramón Quintana, esa es la cabeza”, aseveró.
Por otro lado dijo que el Estado corre un gran riesgo por las demandas internacionales que recibirá por la irresponsabilidad de gente que hizo de todo por mantenerse en el poder.
“Hubo asesinatos extrajudiciales, solamente para mantenerse en el poder, nunca más debe suceder, hemos dañado la imagen del país, de Bolivia, pero teníamos que develarlo y después de tantos años la gente al fin está libre”, dijo.
El martes, el presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, resolvió la absolución contra todos los involucrados en el denominado caso Terrorismo, que inició el 2009, luego que el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía retiraran la acusación.
DATOS
La madrugada del 16 abril de 2009, un operativo policial realizado en el Hotel Las Américas de Santa Cruz desarticuló una supuesta célula terrorista que, según exautoridades, pretendía armar una guerra civil para dividir Bolivia. Esa intervención concluyó abatiendo a tres personas, Eduardo Rozsa (húngaro-boliviano), identificado como el líder de lo que se llamaría una célula irregular, Michael Dwyer (irlandés) y Magyarosi Árpád (húngaro). Posteriormente, el Ministerio Público imputó a 39 personas, entre ellas a líderes cívicos como Branko Marinkovic y Zvonko Matkovic.
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