Alto déficit fiscal al cierre de gestión 2019

Un viejo dicho señala: “Lo mal que se hace, se paga mañana” y esto es aplicable a la herencia dejada por el gobierno masista que, en los últimos años, continuó gastando irracional e imparablemente el dinero del país y, en casos, hasta el producto de préstamos que se hizo para cumplir con las obligaciones. Al cierre de la gestión 2019, el balance no podía ser otro que la presencia muy abultada de un déficit fiscal que resulta el mayor que tenga cualquier otro país (salvo Venezuela que es el colmo de la ineptitud, la deshonestidad e irresponsabilidad de un dictador).

El gobierno de la presidenta Jeanine Áñez Chávez seguramente se vio azorado ante la cantidad de obligaciones no cumplidas por el gobierno anterior: cuentas de todo tipo, deudas al sector privado, endeudamiento excesivo, endeudamiento externo e interno y, lo más grave, gasto sin medida que de todos modos debe honrarse porque se trata de dinero prestado por bancos extranjeros y que se tiene que pagar con intereses muy altos.

Muchas veces se ha sostenido -aunque vanamente porque no había autoridad económica que escuche y ponga en práctica- que el gobierno anterior estaba obligado a observar conductas austeras en los gastos, que reduzca la contratación de personal sobre la base de su militancia partidista que, además, no contaba con la debida preparación; reducir viajes inútiles, evitar construcciones faraónicas que no benefician; no realizar por cuenta del país congresos y seminarios internacionales con todo pagado por el gobierno boliviano, etc., etc. y nadie cumplió lo que podía ser un medio para evitar mayor endeudamiento y mayor déficit fiscales.

El fácil recurso de gastar sin medida y las diferencias entre ingresos y egresos cargarlas al déficit fiscal, fue norma cumplida estrictamente bajo la ilusión irresponsablemente concebida: “hay plata y hay que gastarla; si hay diferencias cargarlas al año siguiente”. Esta forma irresponsable de gastar lo que tanto cuesta ganar al país ha resultado práctica constante.

Lo más extraño es que la Contraloría General de la República, incumpliendo su deber, no emitió un informe sobre los gastos; nunca presentó un estado de situación de cada dependencia del gobierno y menos ha hecho observaciones sobre la pésima manera de administrar la economía nacional.

Es, pues, la Contraloría la que debería explicar cómo y cuándo intervino en los negocios del Estado administrado por el gobierno del MAS y cuáles son los resultados; qué indicaciones precisas hizo a cada repartición y cuánto de ellas se cumplió; qué personal desplazó a cada entidad para que haya un mínimo control de gastos; en fin, todo muestra que nada se hizo y es ella la que debería rendir cuentas pormenorizadas del comportamiento oficial.

El gobierno actual tiene ante sí un caso que debe aclararse porque se trata de dineros del Estado y no de fortunas personales o de organizaciones ajenas al manejo administrativo.