El oportunismo de quienes administran justicia

Administrar justicia es el ideal más aspirado por toda sociedad organizada, ya que el arte de dar a cada quien lo que le corresponde significa progreso y paz social. Para unos es más coherente su realidad, para otros, casi imposible, porque hacerlo no es solo cambiar nombres, sino concretarlo en acciones y hechos que conlleven a la parte humana que es esencialísima.

En nuestro país, la administración de justicia está constitucionalizada en el Art. 178, que dice: “La potestad de impartir justicia se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad” y, a su vez, constituyen garantías de la independencia judicial el desempeño de los jueces, la carrera judicial y la autonomía presupuestaria de los órganos judiciales. Asimismo, la Ley 025 en el Art.19-II-1), de las prohibiciones, entre éstas menciona no tener militancia partidaria.

El país adolece de precariedad institucional, falta de recursos humanos, improvisación, el favor político al que se prestan quienes administran justicia; los gobiernos no construyeron un sólido poder de justicia, honorable y respetado, porque lo usan para recibir favores posteriores al festín del poder; bajo esa lógica se corrompe la administración de la cosa pública y se posterga el futuro de los bolivianos.

Desde el año 2006 se asestó el peor infortunio que se pueda dar a una institución, el Órgano Judicial, subalternizado desvergonzada y absolutamente al régimen castro comunista que abanderó el masismo, convirtiéndolo en su pongo judicial.

El objeto fue reproducirse en el poder, el autoritarismo personificado en el ex-presidente introdujo una frase que fulminó la institucionalidad y los valores de la Ley, “le meto nomás”, célebre y estulticia frase, que hizo gemir a miles de familias bolivianas.

El presente artículo devela la conducta de los que administran justicia, que de manera inescrupulosa y sin ningún resquemor, demostraron favores a los intereses del gobierno defenestrado por el pueblo boliviano, en noviembre del pasado año.

En efecto, desvergonzadamente tuvieron más de un año con detención preventiva al dirigente Franklin Gutiérrez, a quien no lo dejaron asistir al sepelio de su hijo menor, que desafortunadamente falleció, cuando se encontraba detenido preventivamente, no por acción de la justicia, sino porque obedecieron órdenes del ex régimen irracional y autoritario, en complicidad con sus acólitos que lo rodeaban. Coincidentemente, el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, modificó su situación jurídica de detención preventiva por domiciliaria después de la huida del expresidente.

Otro caso fue el ignominioso proceso por el lapso de 9 años, sin sentencia, al ex Prefecto del departamento de Pando. A estos desmanes judiciales se suman el reciente caso de Terrorismo y Alzamiento Armando contra el Estado, proceso penal montado siniestramente por el proyecto masista, utilizando al inefable fiscal Marcelo Soza, fiscales que lo secundaron, la policía, jueces y tribunales. Coincidentemente también culmina con absolución a la treintena de perseguidos, por no encontrarse culpabilidad en los mismos.

No se puede alegar presión política en esta materia, porque los jueces están supeditados solo a la Ley y nadie los obliga a hacer lo contrario, y si se da ello, deben renunciar al cargo.

Las últimas resoluciones judiciales develan una genuflexión ante el régimen masista, intolerable e inadmisible, porque con los nuevos fallos que dictaron, después del régimen del tirano, implícitamente demostraron la sumisión a los designios políticos del masismo. Aceptaron lo que no era legal, sin ningún remordimiento por cercenar la libertad de las personas, dictando resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incurriendo en delitos, haciéndolos pasibles a ser procesados y destituidos de sus cargos, y no se puede concebir que sigan administrando justicia.

Esta ruin y escandalosa manera de administrar justicia se ha dado sistemáticamente, si recordamos que cuando algún opositor, u otra persona, presentaba una denuncia o querella contra personeros del gobierno depuesto, ninguna era aceptada, pese a contar con elementos creíbles para su investigación, y ahora que han huido, esos procesos son admitidos.

Se puede concluir que estos jueces y tribunales tienen una capacidad de ubicuidad inescrupulosa, porque no cumplen el imperio de la Ley, sino que se sirven de ésta para propósitos personales y ajenos a la finalidad teleológica del valor supremo de la Justicia. Y están prestos para el servicio al poder político, como lo han demostrado, a cambio de obtener prebendas como el de permanecer en sus cargos, sin ningún rubor. Mantenerlos en esos cargos constituye un peligro para la sociedad.

Se debe inexcusablemente reorientar el servicio a la justicia, con profesionales meritorios, que sean incluso avalados con perfiles psicológicos y con vocación de servicio, y que la premisa no sea la de recibir dádivas o prebendas sino la de trabajar por amor al deber y no a la recompensa.

El autor es Abogado y ex Fiscal de Materia.