Gobierno pide suspensión de fiscales Lima y Alave

Por irregularidades en la orden de aprehensión contra el exministro de Minería, César Navarro, y por no asistir a una audiencia en la que un denunciado logró su libertad; el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pidió ayer al Fiscal General del Estado, la suspensión de los fiscales Samuel Lima y William Alave.

De acuerdo con la denuncia presentada por el titular del Ministerio de Gobierno, Lima habría emitido una orden de aprehensión al promediar la una de la madrugada del 1 de febrero, con fecha 28 de enero, contra el exministro Navarro, quien accedió a un salvoconducto emitido por la Cancillería el 29 de enero.

A las 5.00 del sábado 1 de febrero, en el aeropuerto Internacional de El Alto, la Policía ejecutó la orden de aprehensión y detuvo a Navarro. El hecho fue duramente criticado por líderes políticos como Carlos Mesa y Jorge Quiroga, quienes coincidieron que al no respetarse el salvoconducto otorgado a la exautoridad, deja mal parado al país en lo que al cumplimiento del derecho internacional respecta.

Horas después, Murillo dijo que se trató de una “descoordinación” entre la institución verde olivo y la Fiscalía, y que Navarro sería devuelto al aeropuerto.

En ese contexto, al promediar las 12.40 horas de ese sábado 1 de febrero, Navarro en compañía del exviceministro de Desarrollo Rural, Pedro Damián Dorado Pedro, salió del país, rumbo a México, donde cumple el refugio político otorgado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quedando sin efecto la orden de aprehensión en su contra, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y asociación delictuosa.

“Como Ministro de Gobierno, no me siento satisfecho con el trabajo que está haciendo el Ministerio Público en La Paz, en muchos lugares estamos logrando coordinar, no hay duda que hay lunares azules en todo lado (…) el Ministerio Público requiere una purga urgente”, manifestó Murillo.

CASO PAT

Murillo recordó que por falta del Ministerio Público, la juez Segundo de Instrucción Penal de la ciudad de El Alto, Milenka Gutiérrez, otorgó la noche del 5 de enero, libertad pura y simple al presidente del directorio de ATB, Marcelo Hurtado por legitimación de ganancias en el caso PAT.

“Cuando tienen que estar presentes para fundamentar la detención de un tipo que está acusado de corrupción como el señor Hurtado, simplemente se van a bailar. No es posible que sigamos este camino”, dijo Murillo.

Sobre el tema, el mismo 5 de enero, la senadora de Unidad Demócrata (UD), Carmen Eva Gonzales, pidió la inmediata detención de la juez Milenka Gutiérrez y el fiscal Samuel Lima, este último por incumplimiento de deberes, al no haber asistido a la audiencia.

Hurtado fue aprehendido la noche del 3 de enero en la ciudad de Santa Cruz y fue trasladado a la ciudad de La Paz, donde el sábado fue llevado a audiencia de medidas cautelares, pero la defensa del empresario recusó a la juez de turno, lo que obligó a trasladar el caso a la ciudad de El Alto.

Allí radicó en el despacho de la Juez Gutiérrez, quien ordenó liberar a Marcelo Hurtado debido a que el fiscal anticorrupción de La Paz, Samuel Lima, no se presentó a la audiencia cautelar y, por tanto, no había acusador que sustente la denuncia formulada por un trabajador de PAT, en relación a una supuesta legitimación de ganancias ilícitas y delitos financieros.

Sin embargo, al terminar la audiencia, Hurtado fue nuevamente aprehendido por la denuncia de Carmen Eva Gonzales bajo cargos de legitimación de ganancias ilícitas y organización criminal en la transferencia de acciones de la red ATB, los periódicos La Razón y Extra, además de la supuesta compra de PAT en concomitancia con José Luis Valencia.

FISCALES DEL MAS

Murillo recordó que todos los fiscales y jueces fueron designados por el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y lamentó que con sus acciones perjudiquen la investigación de casos de corrupción y narcotráfico, “dos monstruos” contra los que está luchando la gestión constitucional de Jeanine Áñez.

Denunció que estas actitudes están orquestadas por “manos negras” que buscan desestabilizar la gestión de gobierno que ha dado tranquilidad al pueblo de Bolivia.

CONVENIO

Murillo recordó que el 14 de enero el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección General de Migración de Bolivia (Digemig), firmó un convenio con el Ministerio Público, para que esta entidad remita en tiempo real al sistema de Flujo Migratorio, la información sobre las personas que tienen órdenes judiciales, con el objetivo de actuar oportunamente. Misma que no se activó con el caso del exministro Navarro.