No repetir malas prácticas electoralistas

El cambio de conducta en los políticos a la que aspira la colectividad nacional socaba también su crédito político y deviene en pérdida de la confianza pública, perjudica, además, la correcta marcha del Estado. Dicha aspiración ha sido muchas veces defraudada y es un valladar para la construcción de una sociedad de la cual podamos sentirnos satisfechos de transmitirla a las generaciones venideras.

Esta reflexión surge ante la no poco sorpresiva candidatura de la presidenta transitoria Jeanine Añez, decisión que parece mantener ese patrón de comportamiento, desdiciendo el papel transitorio encomendado para convertirse en otra postulación oficialista. Las críticas enfatizan que no se hubiesen mantenido las seguridades de Áñez de no postularse electivamente a ninguna opción de esa naturaleza, tanto más si se recuerda que el repudio más objetivo contra el ex presidente Evo Morales fue precisamente su incurable prorroguismo. ¿Lo que es malo para otros, será bueno para nosotros?

La indicada postulación -contra las voces que la alientan- incrementa la dispersión del voto entre las ocho candidaturas presidenciales inscritas. Mina el deseo de buena parte de la población de garantizar una eventual derrota electoral del masismo, facilitándole más bien la posibilidad de obtener mayoría en la composición de la Asamblea Legislativa, sino el triunfo en la primera vuelta gracias a la ya señalada fragmentación del voto. Grave responsabilidad para todas las facciones que se aprestan a terciar, recayendo en algunas más que en otras.

No sabemos si los impulsores de la postulación de la señora Añez valoraron debidamente que la caprichosa legislación del anterior régimen, asigna el 50 % de la Asamblea Legislativa al electorado del campo o campesinado, relación estimada en el 30 % de la población nacional, distribución a todas luces inequitativa e injusta que debería ser revisada cuanto antes. Evo Morales confiaba hasta el final en el voto rural, a cuya ventaja ha debido en gran parte sus reiterados triunfos en las urnas.

Contra todas estas consideraciones, los personajes más íntimos de esta candidatura oficial aducen -como si plantearla fuese una salvaguarda absoluta- que la misma es constitucional y que tampoco reviste obligación de renuncia previa de habilitación, en vista de que una sentencia del Tribunal Constitucional –por cierto malhadada– concede ese privilegio tanto al presidente y vicepresidente como al resto de autoridades y legisladores en ejercicio. Acogerse a estas salvedades, en todo caso derogatorias de disposiciones expresas de la Constitución, significa, sensiblemente, aprovechar los actos ilegales y a medida de la ambición del refugiado allende la frontera.

Este lineamiento eleccionario es en extremo pragmático y pospone lejanamente uno de los leit motiv fundamentales de la rebelión popular de noviembre 2019, en su anhelo de cambio y de reforma de todo cuanto fue mal concebido y peor ejecutado por la administración precedente y la necesidad imperiosa de enmienda.

Otro nivel al cual se acoge la presidenta y su equipo, es el de efectuar la campaña electoral fuera de las horas de trabajo. Es decir ni más ni menos de lo practicado por el pasado gobierno del MAS, farsa que al mismo tiempo encomendaba a sus ministros y demás niveles de la Administración, el reparto de los departamentos para la misma finalidad proselitista. Semejantes acciones fueron hasta entonces insólitas y desconocidas por los gobiernos que recuerda la memoria y por ello deberían ser inimitables. El Poder Ejecutivo y el resto de funcionaros no están como tales para sumergirse en este tipo de afanes político-partidistas, ajenos a sus funciones.

Finalmente, es cierto que en contraste con las prácticas de instrumentación del aparato del Estado para beneficio de las repetidas postulaciones del ex presidente, la mandataria transitoria hubiera anunciado medidas prohibitivas del uso de los recursos, medios, bienes y personal público en oportunidad de su intervención en el proceso electoral. Sin embargo, siempre recaerá duda sobre la eficiencia y cumplimiento de dichos deseo por conllevar obvia complejidad práctica.

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