CIDH, ONU y otros despiertan después de 14 años de silencio

Desde la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia, seguida de las jornadas de convulsión social a la fecha, las entidades internacionales que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo vuelcan su mirada hacia lo que sucede en Bolivia, después de 14 años en los que gobernó el Movimiento Al Socialismo (MAS) y realizó una serie de contravenciones y violaciones a los derechos humanos de varios grupos sociales, por ejemplo a los indígenas y a los discapacitados. Las críticas al cambio de postura internacional parten de distintos sectores y personalidades bolivianas que observan el giro de las entidades internacionales.

Entre las organizaciones que recientemente han emitido sus alertas sobre la situación en Bolivia donde, según su perspectiva existen vulneraciones a los derechos humanos está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y algunas relatorías especiales de las Naciones Unidas.

Por ejemplo, a fines de noviembre de 2019, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, señaló que durante los días de conflicto entre octubre y noviembre de 2019 en Bolivia se dio una “masiva” vulneración de derechos humanos.

Recientemente, también se pronunció Diego García-Sayán, relator Especial de la ONU sobre Independencia de Magistrados y Abogados, quien expresó su preocupación por el uso de las instituciones judiciales en Bolivia para la persecución política.

Pidió el respeto a la independencia de las instituciones y al debido proceso, además de cuestionar la aprehensión del asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico.

“Me preocupa el uso de las instituciones judiciales y fiscales con fines de persecución política. Crece el número de detenciones ilegales. Fue el turno del exministro Gustavo Torrico. Llamo al respeto a la independencia de las instituciones y al debido proceso”, sostuvo García-Sayán a través de su cuenta en Twitter.

LARGA INDIFERENCIA

Sin embargo, estos mismos actores y expertos internacionales no expresaron su “preocupación” o alarma y mucho menos hicieron pedidos al Gobierno de Evo Morales cuando éste intervino violentamente las marchas de los discapacitados en febrero de 2012.

Medios locales e internacionales siguieron de cerca la marcha de los discapacitados que recorrieron 1.400 kilómetros por carreteras de cinco de las nueve regiones del país, para tratar de sensibilizar a Morales. A su llegada a La Paz pretendían entrar a la plaza Murillo, pero los esperaban cientos de policías antidisturbios quienes los gasificaron y apalearon.

Otro hecho de violencia del gobierno del MAS se registró un año antes cuando en septiembre de 2011 un contingente policial de al menos quinientos uniformados intervino sorpresivamente la marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que se encontraba en el sector de San Lorenzo, departamento de Beni. En la violenta acción, varias personas resultaron heridas.

Después de varios años, la población aún recuerda esos hechos violentos y a través de las redes sociales expresa su rechazo ante el repentino interés de representantes internacionales que salen en defensa de exfuncionarios masistas acusados de delitos de terrorismo y sedición.

“La ONU debería analizar una comparación histórica y analizar si tuvo la misma actitud con relación al proceso de persecución y violación de derechos humanos de la política que realizo el expresidente Evo Morales”, afirmó el expresidente Carlos Mesa.