Necesitamos racionalidad en la política salarial

Los representantes sindicales de los sectores fabril y magisterio hicieron conocer sus aspiraciones de incremento salarial para este 2020. Los primeros hablan del 15% y los segundos del 33%.

El empresariado privado nacional espera que la racionalidad retorne a la política de incremento salarial del país, dejando de lado la práctica de los últimos 13 años, cuando la decisión la tomaban gobierno y trabajadores, sin consultar y menos analizar la realidad de las empresas legales del país.

El actual ministro de Economía, José Luis Parada, anunció que este año habrá incremento salarial para los trabajadores del país, y aclaró que el porcentaje del alza se definirá en la negociación tripartita entre el Gobierno, empresarios y trabajadores, de acuerdo con las normas de OIT.

Como la Cámara Nacional de Comercio lo señaló de manera reiterada, y lo ratificó en su propuesta de salarios, empleo y política laboral, es necesario crear un escenario propicio para la inversión, como el paso más recomendable para la creación de empleo y mejorar el bienestar de los trabajadores.

En la primera mitad del gobierno de Evo Morales, la economía nacional vivió un crecimiento, debido especialmente al aumento de los precios de los commodities (petróleo y otras materias primas exportadas) en el mercado internacional.

La mayor disponibilidad de divisas permitió al gobierno aplicar una política de reiterados aumentos salariales que se tradujeron, por ejemplo, en que entre los años 2005 y 2017 el Salario Mínimo Nacional nominal pasó de 61 a 292 dólares; un aumento de casi 400 por ciento, sin precedentes en la historia económica nacional.

Como los empresarios y muchos otros sectores saben, desde el 2014 la economía nacional está en una continua desaceleración, debida principalmente a una drástica reducción del valor de nuestras exportaciones y la contracción de la demanda interna. También, debemos añadir el elevado déficit fiscal, déficit comercial y otros desequilibrios que ponen en riesgo la estabilidad económica.

Las negociaciones tripartitas que se lleven a cabo entre Gobierno, empresarios y trabajadores deberán tomar en cuenta el escenario económico nacional e internacional existentes, y la realidad de cada empresa.

El gobierno del MAS aprobaba elevados incrementos salariales. Así, entre 2006 y 2017, el Salario Mínimo Nacional aumentó en promedio en 13,6% al año, el Salario Básico se elevó en 8,1%, mientras que la inflación creció en promedio en 5,7%

Según datos de la Fundación Inaset en los últimos años, en el país creció el empleo de baja productividad. Bolivia es el único país de la región en el que el empleo de baja productividad supera el 60% de todos los trabajadores ocupados.

Según datos de la Cámara Nacional de Comercio, el alza del Salario Mínimo Nacional el 2017 pasó a representar el 122% del PIB-Per Cápita, cuando entre el 2000 y 2011 representaba el 65%.

Los incrementos salariales de los años anteriores no han incentivado mejoras en los rendimientos laborales en las empresas. Por el contrario, parecen haber operado en sentido inverso. Si entre el 2000 y el 2017 el Producto por Trabajador en Latinoamérica estuvo por encima de los 50.000 dólares, la boliviana apenas superaba los 10.000 dólares.

En las negociaciones salariales se debe tomar en cuenta que un aumento en los costos laborales desalienta la contratación de trabajadores, con la obvia consecuencia de que aumenta la tasa de desempleo, también se plantea la contratación por hora a los trabajadores.

Otra consecuencia de la política salarial del gobierno de Evo Morales fue que las remuneraciones reales fueron inversamente proporcionales al nivel de calificación. De esta forma, el salario medio real de los trabajadores no calificados se incrementó entre el 2005 y 2017 en 60%, mientras que el de los obreros calificados (con estudios universitarios o nivel técnico superior) solo subió 16%; y el de los profesionales descendió un 20%.

El gobierno del MAS disponía los incrementos salariales mediante decisiones políticas, ignorando las marcadas diferencias en las capacidades empresariales y sectoriales, con mucho perjuicio para las pequeñas y medianas empresas.

El aumento desmesurado de los costos laborales, por la política salarial del gobierno, especialmente en los sectores de la industria, agricultura, comercio, turismo y otros servicios, puso a las empresas nacionales en una posición de desventaja frente a los productos extranjeros y sin posibilidades de competir con el contrabando.

Los dirigentes sindicales exigen un mayor salario para sus representados, olvidando las dolorosas consecuencias en el sector laboral, de esta política de incremento salarial: la precarización del empleo, trabajadores sin cobertura de salud, sin jubilación ni protección de normas laborales, que es la característica de las empresas informales.

La citada política salarial nos convierte en el país con mayor tasa de informalidad (de casi 80% en 2015, en el área urbana) en América del Sur y muy por encima del promedio de América Latina.

Esta realidad debe llevar a todos los protagonistas de la actividad productiva, especialmente el sector sindical, a dejar de lado la visión salarialista, y analizar todos los efectos de una política salarial que no cuida a la empresa, generadora de empleo.

Debemos remarcar que ningún incremento salarial debe poner en riesgo a la empresa, pues tanto el gobierno como los trabajadores deben velar porque no se pierda más fuentes de trabajo, solo por satisfacer exigencias de la dirigencia laboral.

El autor es Economista.