Se unen 26 organizaciones
> El pedido fue dirigido a las autoridades gubernamentales para la abrogación de normativas vigentes y otras disposiciones legales que son incoherentes con la Constitución Política del Estado
Tras los incendios en la Chiquitanía que dejaron casi cuatro millones de hectáreas devastadas, se generaron pronunciamientos de rechazo a normas consideradas peligrosas para el ecosistema. Hace unas horas, 26 instituciones y organizaciones civiles se unieron y emitieron un pedido de abrogación de seis normas, que entre otros puntos permiten y avalan las quemas y desmontes de bosques.
Según publicación de ANF, el pedido fue dirigido a las autoridades gubernamentales para la “abrogación de normativas vigentes y otras disposiciones legales de carácter local que son incoherentes con la Constitución Política del Estado, la Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra y la Ley 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien y que promueven la expansión de la frontera agrícola basada en prácticas devastadoras y peligrosas como la quema y desmonte de bosques y modificación de otros ecosistemas”, detalla el documento.
Este pronunciamiento detalla también el rechazo a la ley del Plan de Uso del Suelo (PLUS) del Departamento del Beni aprobada el pasado 17 de octubre de 2019 por la Asamblea Legislativa, mediante Ley Departamental. Esta norma que amplía la frontera agrícola, zonifica en cinco categorías y nueve subcategorías el uso del territorio en esa región.
Este pedido de abrogación a las seis normas y rechazo al PLUS del Beni fue emitido por varias instituciones, entre ellas los colegios de Biólogos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Pando; el Colegio de Ingenieros Ambientales de Chuquisaca, Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz, Colegio de Ingenieros Agrónomos y Profesionales en Ciencias Agropecuarias de Bolivia, Museo Noel Kempff Mercado, Red de Biodiversidad, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Plataforma Nacional de Suelos para una Agricultura Sostenible, Centro para el Desarrollo y el Medio Ambiente (CDE) de la Universidad de Berna (Suiza), entre otras.
DEROGATORIA DE LEYES
Cabe recordar, que el 19 de Agosto de 2019, ante la magnitud del incendio registrado en la zona oriental, que ya cobró más de 500.000 hectáreas, organizaciones medioambientales solicitan a las autoridades nacionales derogar la Ley 741, PDM-20, el DS 3973, que legalizan las quemas, así como dejar sin efecto la ampliación de frontera agrícola en suelos que no tienen vocación para ese tipo de prácticas.
Solicitan activar el protocolo de declaración de zona de desastre y la gestión inmediata de ayuda internacional, debido a que el incendio afectó gran parte de la región de Santa Cruz, en especial la zona de la Chiquitanía.
Señalan las organizaciones defensoras del medio ambiente, que la deforestación masiva en Bolivia, según la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), es dada mayoritariamente en grandes propiedades agrarias. “Ellos son los causantes. Para no visibilizar a nivel internacional (y quedar mal parado) que estos sujetos son los causantes, el Gobierno no quiere pedir apoyo internacional de países con capacidad y conocimiento de control de desastres como el dado actualmente en la Chiquitania”, lamentan.
DESASTRE AMBIENTAL
Entretanto, la fundación Productividad Biósfera Medio Ambiente (Probioma) responsabilizó en ese entonces a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), por el desastre ambiental ocasionado en los bosques chiquitanos donde se estima una pérdida de 400 mil hectáreas por los incendios forestales, tras haberse autorizado “quemas controladas” para la agricultura en suelos de vocación forestal.
“Lamentablemente la ABT y el INRA en complicidad de la Gobernación -que no hizo nada ni dijo nada y dejó hacer- han otorgado tierras para la ampliación de la frontera agrícola cuando estos suelos no son aptos para la agricultura, y lo peor es que la ABT otorgó permisos para quemas ‘controladas’, eso no existe porque la quema es un instrumento totalmente negativo para los suelos”, sostuvo a ANF el director de Probioma, Miguel Crespo.
Las organizaciones señalan que la alianza empresarios-gobierno es tal que, es más importante es la imagen del agro empresariado cruceño deforestador que el medioambiente. El presidente Evo Morales prefiere proteger la imagen de sus aliados que al bosque seco chiquitano y el pantanal boliviano.
“Pero la cosa no acaba ahí, actualmente el gobierno pretende aprobar dos eventos de soya de transgénica. Por raras coincidencias, uno de esos tipos de soya transgénica (HB4) es ‘resistente’ a suelos secos, característica similar a la tierra en la chiquitania. Los agroempresarios pusieron el ojo a la región chiquitana”, reflexionan.
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