La falsa nacionalización y la crisis del sector gasífero

Aunque no se quiera visibilizarlo o se intente minimizarlo por los principales actores nacionales e internacionales, hoy el sector de hidrocarburos vive una profunda crisis, que es la evidencia más contundente de la política estatal de la falsa Nacionalización del Gas sobre la que hizo propaganda en exceso los últimos 14 años el régimen del MAS. A pesar de las evidencias irrefutables, que hoy salen a la luz gracias a la información difundida por las autoridades del gobierno de transición, los actuales candidatos masistas insisten desvergonzadamente y con el mayor cinismo en afirmar que el 1 de mayo de 2006 fueron nacionalizados los hidrocarburos en Bolivia.

A los ojos del consumidor boliviano, por el momento la crisis no se expresa en su magnitud, debido a que sigue proveyéndose de los combustibles imprescindibles con precios congelados desde hace más 14 años y las industrias continúan recibiendo la energía necesaria para su funcionamiento diario, pero la ausencia de una solución inteligente y de largo plazo a este problema estructural del país, está afectando en estos momentos la sostenibilidad económica de toda la nación.

¿Dónde se hace carne la crisis del sector?, por supuesto, en el monstruo que creó el masismo para no afectar los intereses del capital transnacional, estamos hablando de YPFB Corporativo. Las evidencias salen a la luz en las publicaciones de la prensa diaria, pero en este periodo electoral nadie se atreve a poner el cascabel al gato.

En primer lugar, hay que señalar que YPFB Corporativo no es una empresa nacionalizada, es una sociedad anónima que se rige con el Código de Comercio. Esto contraviene la Ley de Hidrocarburos 3.058 que establecía la creación de un YPFB operativo con sus diferentes gerencias, como la de Exploración y Explotación con sede en Camiri, que debió hacerse cargo de toda la actividad petrolera y gasífera en el país. La misma situación afecta a 21 empresas estatales. El año pasado el MAS prometió cambiar esa situación, pero no lo hizo a pesar del escándalo, y el actual gobierno de transición al parecer no se atreve a frenar este atentado al patrimonio de la nación.

En segundo lugar, al ser inexistente la nacionalización, la empresa estatal carece de la capacidad operativa de operar eficazmente en toda la cadena productiva de este sector, principalmente en el área de la exploración, sólo produce cerca del 15 por ciento de la explotación del gas en Bolivia por medio de sus subsidiarias YPFB Chaco y YPFB Andina, que son más para el consumo interno. Y en contrapartida, las empresas petroleras operan y son dueñas de los grandes megacampos, la mayoría en declinación, por la sobreexplotación que imprimieron éstas para monetizar las reservas existentes, sin importar la seguridad energética de Bolivia y la industrialización de sus recursos naturales.

En tercer lugar, con la elevación del precio internacional del petróleo y la creación del IDH del 32% gracias a la lucha del pueblo boliviano, encabezado por El Alto, el sector de los hidrocarburos se convirtió en el puntal de la economía nacional, las exportaciones llegaron a sobrepasar los 6 mil millones de dólares anuales. Alcanzando una renta petrolera de cerca de 60 mil millones hasta el momento. Una empresa de esta magnitud debió ser institucionalizada y cuidada por el Estado y el gobierno de turno, para que sea la gallina de los huevos de oro, pero no fue así. En estos 14 años YPFB tuvo 8 presidentes interinos, 7 militantes del MAS, tres fueron encarcelados y cinco fueron destituidos por indicios de corrupción. ¿Una muestra de cómo manejó el régimen masista la principal empresa del país?

En cuarto lugar, YPFB Corporativo se convirtió en la agencia de empleos para los militantes del partido de gobierno, la mayoría sin experiencia en las tareas de exploración y explotación de hidrocarburos. A pesar de tener un patrimonio de más de 60 mil millones de bolivianos, como lo informó el actual presidente de YPFB, luego de hacer los ajustes económicos, anunció que la empresa registra pérdidas por 443 millones de dólares a septiembre de 2019. Una muestra de cómo se blanquearon las cifras contables de la estatal.