Jueces de caso Menonitas incurren en retardación de justicia

Activista de Derechos Humanos presentará hoy una denuncia penal contra los jueces del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández y Elena Gemio, por los delitos de incumplimiento de deberes y retardación de justicia, dentro el caso denominado Menonitas. Ambos juristas también formaron parte en el caso Terrorismo, informó a El DIARIO el abogado Eusebio Vera.

Vera explicó que el proceso es impulsado por el activista de Derechos Humanos, Jesús Vélez, quien conoció el caso de Dirk Schmidt, ciudadano europeo, contra quien pesa una acusación formal por el delito de anticipación o prolongación de funciones, cuya sanción es la prestación de trabajo de dos a seis meses, empero desde 2010, cuando fue acusado junto a otras personas por supuesta extorsión a colonias menonitas de Santa Cruz, peregrina buscando justicia.

“Los jueces han retardado, han incumplido los términos que tenían para pronunciarse con los trámites y gestiones que la misma ley les obliga, es decir, no han adecuado su comportamiento dentro de los parámetros que establece el Código de Procedimiento Penal”, lamentó Vera.

El jurista explicó que el proceso por el caso Menonitas, concluyó con una sentencia absolutoria en favor del asambleísta departamental Gustavo Torrico y Edgardo Vásquez, misma que fue ejecutoriada el 9 de mayo de 2019, empero no hay resultados para Schmidt.

Vera aclaró que en pleno juicio del caso, se separó del proceso a Schmidt por su delicado estado de salud, toda vez que él no podía constituirse en ciudades a alturas mayores a 2000 msnm.

“Se ha adjuntado variada documentación sobre su estado de salud, incluso verificado por un médico forense, y en tal virtud bajo resolución 57/14 de fecha 18 de noviembre de 2014, el Tribunal Primero ve procedente separar del proceso a Schmidt y continuar con Torrico y Vásquez”, aclaró.

En ese marco –en criterio del jurista– una vez que el proceso concluyó con la absolución de los otros co-imputados, correspondía que el Tribunal Primero se pronuncie en relación a la situación jurídica de Schmidt.

“El Tribunal tenía dos opciones, la primera es que deberían haber remitido a un juzgado de sentencia para que resuelva su situación jurídica, debido a que el tipo penal no alcanza los cuatro años. Recordemos que Schmidt está acusado por un delito que tiene una pena de dos a seis meses de trabajos forzados, es decir no prevé pena privativa de libertad”, lamentó.

La segunda opción –dijo el jurista– es que en función a los antecedentes y tomando en cuenta que existe una sentencia absolutoria en favor de los otros acusados, también resuelvan en favor de Schmidt, ya que el delito de anticipación o prolongación de funciones tiene relación con el delito absuelto de nombramientos ilegales.

“Por su estado de salud, Schmidt debe salir del país para su tratamiento y cura, toda vez de que en Bolivia no existe los insumos y la maquinaria necesaria para su tratamiento, sin embargo, los jueces del Tribunal Primero de Sentencia ni levantan el arraigo y menos definen la situación jurídica de Schmidt”, lamentó.

SCHMIDT

Según Vera, hace más de diez años, Dirk Schmidt fue contratado por el entonces viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, para coadyuvar en tareas de prevención de conflictos sociales. Sin embargo, al haberse opuesto a la extorsión que Sacha Llorenti buscaba lograr de la Comunidad Menonita por un monto superior a los 50 millones de dólares que, luego se supo, estaban destinados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), fue destituido y denunciado por el equipo de abogados del Ministerio de Gobierno, entre ellos Denis Rodas, Boris Villegas y otros contra quienes existe una sentencia por delitos de corrupción.

“Trituraron mi hogar, laceraron mi corazón, pero no lograron doblegar mi espíritu rebelde, que hoy se mantiene más vivo que nunca”, dijo Dirk Schmidt, en contacto con otro medio de comunicación.