Las revelaciones de que el anterior Gobierno reconoció que las aguas del manantial Silala fluyen naturalmente hacia territorio chileno, tal como expresa -según se dice- la réplica boliviana a los alegatos de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, anticiparían una nueva derrota a continuación de la sufrida en la demanda marítima.
De ser evidente que se ha concedido esa ventaja en el fondo del tema, es necesario identificar a los responsables del contenido de la demanda y demás actos procesales llevados a cabo, incluido el señalado, a diferencia del silencio y posterior impunidad de quienes llevaron a cabo el proceso marítimo, sin duda por lo incómodo que habría sido para el régimen de Evo Morales. Sucede que éste, como siempre, en 2016 sorprendió anunciando su intención de demandar a Chile por el caso Silala, encomendando a Diremar (Dirección de Asuntos Marítimos) asumir la tarea.
Este improntus en el acto de reivindicación marítima de 2016 obedecía a la intención permanente de Morales de ocupar la delantera de la iniciativa política, llevado además por el triunfalismo del momento debido al rechazo de la CIJ a un incidente de mero trámite interpuesto por Chile. En la circunstancia, el país carecía de estudios técnicos de esas aguas y de todo el bagaje que supone plantear un tema tan trascendente como ese. Estábamos ante otro rasgo de improvisación de la cuestionada administración.
Chile, ni corto ni perezoso, solicitó que la CIJ dilucide el problema. La Moneda no era tomada por sorpresa. Parece que solo el Gobierno boliviano desconocía los análisis geoestratégicos permanentes del vecino, los que exhibe en cada caso. En el mismo gozaba de tiempo suficiente para sacarlos a luz.
La revelación de la canciller Karen Longaric, y del nuevo Agente ante La Haya, Jaime Aparicio, obliga a conocer la palabra de los ex cancilleres del MAS, David Choquehuanca, Fernando Huanacuni y Diego Pary, del ex titular de Justicia, Héctor Arce Zaconeta y de los personeros de Diremar, todos ellos responsables de este asunto. Se debe analizar hasta qué punto ha sido conveniente o no la noticia sobre el particular originada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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