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Irresponsabilidad de funcionarios públicos


 

Cuando se produce una insurrección popular victoriosa, el gobierno derribado del poder de manera contundente y el caudillo de turno fuga del país, no solo quedan automáticamente fuera del poder el primer mandatario y su camarilla, sino también quedan expulsados de sus funciones todos los altos y bajos funcionarios del régimen depuesto e inclusive, en esa norma, están a la espera de su cesantía empleados públicos que ocupaban cargos burocráticos, debido a que fueron designados en esas funciones por la jefatura del partido defenestrado. Todos esos funcionarios son responsables, en mayor o menor medida, de los desbarajustes ocurridos durante sus actividades administrativas, sin excepción alguna.

Es más, esos colaboradores directos e indirectos del orden político, por un mínimo de ética política y personal, no debían quedarse en sus puestos, sino deberían renunciar a sus cargos y replegarse a sus actividades regulares y, tratándose de empleados que ocupaban altas funciones, prepararse para rendir cuenta de sus labores o someterse a la justicia en caso de ser denunciados y defenderse si son objeto de denuncias.

En ese mismo orden de conducta se encuentran los partidos políticos de “izquierda” que ocupaban altas funciones burocráticas, por más que lo hubieran hecho de forma clandestina o subterránea, ya que esa actitud no los exime de responsabilidades, sino que les obliga a actuar con un mínimo de moral, pues su participación en el poder fue en calidad de cogobernantes en la alta conducción del Estado.

Lo anterior viene a cuento en relación con los sucesos políticos ocurridos en noviembre pasado, que expulsaron del gobierno no solo a un partido político, sino a varios de ellos, pero la tozudez de algunos funcionarios que no dan muestra de moralidad es observada por la sorprendida opinión pública en tiempos recientes. Es necesario subrayar que la insurrección no se limitó a expulsar a Evo Morales del poder, sino a todos sus colaboradores.

En efecto, se observa que ahora el único responsable de catorce años de iniquidades en el uso y abuso del poder resulta ser Evo Morales, sobre quien caen todos los rayos de la crítica e inclusive de sus propios ex colaboradores, mientras otros se han dado a la fuga, se lavan las manos pilatunamente y hasta han desaparecido con el producto de la corrupción. Y mientras el “jefazo” depuesto, luego de ser expulsado de Bolivia se fue de México hacia Argentina, sus colaboradores íntimos andan campantes, pasan como inocentes palomas y afirman que no tienen responsabilidad alguna por su paso por los más altos cargos burocráticos del Estado.

Ex embajadores, ex ministros de Estado; presidentes y directores de bancos, empresas públicas; jueces, fiscales, viceministros, jefes de oficinas públicas, etc. no solo no han renunciado, sino que se han quedado remachados en sus cargos, diciendo que son apolíticos e inclusive afirmando que estaban contra Evo Morales.

Por su parte, sectores del nuevo gobierno toleran ese orden con notoria amoralidad y hacen de la vista gorda, convirtiéndose en cómplices de irregularidades contra el orden legal.

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Usurpado el 7 de octubre de 1970, por defender
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