¡Alto a la corrupción masista!

Ya no se puede seguir permitiendo la corrupción y extorsión de la alta cúpula masista, conformada por Evo Morales Ayma, Álvaro García Linera, y su entorno palaciego, que desgraciadamente comenzó desde las sospechosas elecciones generales de diciembre de 2005, que los llevó inicialmente al poder gubernamental de nuestro país, desde el 22 de enero del 2006, para el período constitucional hasta 2009.

Primer período en el que politizaron la carrera pública administrativa, exigiendo cuatro requisitos: 1) inscripción y presentación obligatoria del carnet de militante al Movimiento Al Socialismo -MAS-IPSP-, 2) contribuir (obligado) al sostenimiento económico del MAS con hasta el 20% o más de sus haberes mensuales, 3) asistir obligadamente a todos los actos del partido, y con sus propios recursos económicos cubrir los gastos de movilidad y alimentación, 4) correr con los gastos que demanden la compra de poleras, banderas, chaquetas, chalinas, gorros y posters con el retrato del Presidente, por agradecimiento a su benefactor.

Que el mundo sepa que el pueblo boliviano asistía “voluntariamente” a las gigantescas concentraciones públicas convocadas por el presidente Evo Morales, que se llevaban a cabo tanto en la sede de gobierno como en ciudades y/o poblaciones del interior de nuestro país.

Pero en la cruda realidad de los hechos, eso de que “asisten voluntariamente” solo era un slogan político y demagógico, porque la asistencia de los funcionarios públicos y sus familias era obligatoria y controlada, tanto en el momento de partida como en el de llegada. Claro está que la inasistencia era considerada como renuncia a su condición de militante y consecuentemente la pérdida de su fuente de trabajo.

Corrupción y extorsión masista que la hacían cumplir a raja tabla los ministros de Estado, presidentes y directores de empresas públicas y descentralizadas en todas sus ramas y actividades.

Todo lo anterior estaba vigente en forma obligatoria hasta el 20 de octubre de 2019, fecha memorable en la que fueron realizadas las elecciones generales de nuestro país para el período gubernamental 2020-2025.

Y recalco memorable, porque de no haberse descubierto el gigantesco fraude electoral, que por cuarta vez lo tenían asegurado el binomio Evo Morales y Álvaro García Linera y su entorno palaciego, ahora todos los bolivianos hubiésemos estado viviendo en un Estado oficialmente totalitario.

Por todo lo anterior, después de cuatro meses con un nuevo gobierno constitucional de transición, democrático, honesto y patriótico, automáticamente han quedado proscritos todos los actos de corrupción, extorsión y amedrentamiento que implantó el dictador Evo Morales Ayma y su partido político, el MAS.

En consecuencia, todos los funcionarios públicos de nuestro país tienen la obligación de denunciar a ministros, viceministros, directores, ejecutivos, jefes de área, jefes de personal y demás funcionarios públicos, muchos de ellos masistas declarados y lastimosamente todavía en funciones de gobierno, quienes cual capataces se prestaron voluntariamente en estos 14 años a fungir como implacables cobradores de todas clase de contribuciones económicas voluntarias, diezmos y/o coimas, y que lastimosamente aún lo siguen haciendo y delante de nuestras narices. ¿Verdad que sí?