Autores de muchos delitos ¿pueden ser parlamentarios?

Luego de los hechos de noviembre que implicaron la recuperación de la libertad y la democracia para todo el país con la renuncia de quien había sojuzgado a la nación durante casi 14 años, han surgido raras y extrañas formas de condescendencia con quienes son calificados por la ciudadanía como autores de muchos delitos contra el Estado; y uno de ellos es que senadores y diputados del primer poder del Estado, como es el Legislativo, pretenden que personas que han causado graves daños al país con los delitos cometidos, tengan el derecho a ser candidatos o diputados en las elecciones de mayo próximo.

Esta forma extraña de premiar lo malo, muchas veces en detrimento de lo bueno, que es el país, causa malestar e indignación en la población que no puede concebir la idea de premiar en vez de juzgar y sancionar a quienes han cometido delitos de toda naturaleza, como son los casos: gobierno de casi 14 años en condiciones de dictadura por la persecución sañuda contra muchas personas, entidades e instituciones, incluida la prensa; manejo festinatorio de la economía nacional, al extremo de haber dispuesto, sin control alguno, de miles de millones de dólares; haber desencadenado la corrupción y hecho grave daño a muchos habitantes; faltamientos graves a la Constitución y las leyes; pésima administración del Estado por no tener capacidad para manejar el gobierno y menos contar con las virtudes de honradez, honestidad y servicio al país con responsabilidad; haber destruido la integridad familiar con el destierro de muchos ciudadanos y atentados contra los derechos humanos; haber promovido y consentido la corrupción con dineros distribuidos discrecionalmente entre militantes partidarios y una serie de otros delitos, cuyo detalle demandaría mucho espacio, pero que los tribunales de justicia deberían juzgar y sancionar conforme a las leyes.

El pueblo, con justa razón, pregunta: “¿Pueden aspirar a ser senadores o diputados quienes han cometido tanto delito? ¿No es que los miembros del Parlamento -como todos los que ocupen cargos en los diversos poderes- deben demostrar que en su vida pública y privada han actuado con virtudes traducidas en valores y principios? ¿No son las funciones de parlamentarios motivo de honra para quienes ejercen tales situaciones de responsabilidad? ¿Se puede, a título de “perdonar”, premiar a los que cabría perfectamente el calificativo de delincuentes, con cargos para los que se debe tener condiciones morales y cívicas mínimas?

El Tribunal Supremo Electoral debería analizar estas extrañas posiciones y rechazar, de plano, la posibilidad de “premiar” el delito y causar graves daños al país aceptando candidaturas que no pueden ser, inclusive por moral y prestigio del mismo país. Finalmente, cabría preguntar a esos “aspirantes al Parlamento”, ¿no les ha quedado ni un mínimo de conciencia y moral para pretender premios que jamás se les podría dar?