Narcoavión y droga boliviana: trágica realidad

Tras las investigaciones realizadas sobre el origen del cargamento ilícito hallado en el lujoso jet bimotor Gulfstream GLG-3 con matrícula norteamericana N18ZL, al mando de Miguel Ángel Blázquez Vallejos y Aldo López Matienzo -expilotos de Amaszonas y BoA respectivamente-, confiscado por la Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena), el pasado 28 de enero, finalmente se determinó que la misma tiene sello boliviano.

Ahora se conoce que la escala no autorizada del narcojet comandada por los aviadores bolivianos fue el aeropuerto de Guayaramerín (Beni), al que arribó a las 5:30 a.m. y con una estadía de no más de 40 minutos. Durante ese tiempo, el aeropuerto fue completamente cerrado para efectuar un chequeo técnico de los dispositivos de vuelo del jet a cargo de mecánicos de aviación, el reabastecimiento de combustible, así como el ingreso del valioso cargamento de cocaína a la aeronave, para luego despegar con destino a México.

Existen varios implicados en este hecho que desnuda la frágil seguridad y control aeroportuario nacional, así como la inexorable penetración de los tentáculos del narcotráfico y la corrupción en esferas del Estado. No otra cosa puede afirmarse del grado de participación de funcionarios y técnicos de administración de aeropuertos y servicios auxiliares a la navegación aérea (AASANA) -cuya fiscalización corresponde a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)-; y el accionar de la residual YPFB que, premeditadamente no registró el combustible cargado a la aeronave por un valor de 4.000 dólares.

Por tales irregularidades, el meteorólogo Peter Ayub Nasser; el Jefe de Planta de YPFB, Antonio Araujo y el encargado de la torre de control que facilitó las coordenadas de aterrizaje, Antonio Clemente Martínez, fueron imputados por la fiscalía por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación criminal y confabulación, por lo que fueron enviados con detención preventiva a la cárcel de Palmasola de Santa Cruz.

Las investigaciones en curso permiten establecer que el principal cabecilla de esta organización criminal es nada menos que el jefe regional de la DGAC en Guayaramerín, Arnaldo Pinto Roca, alias “el capitán” -prófugo en Brasil-, quién además de instruir tales anomalías, ingresó al avión y estuvo en contacto directo con los pilotos López Matienzo y Blázquez Vallejos; éste último, sindicado de ser familiar de Dora Vallejos, quien amasó una fortuna de 150 millones de dólares en menos de 7 años.

Este arribo irregular no autorizado a un aeropuerto oficial evidencia la confabulación por acción u omisión de funcionarios civiles de la DGAC, AASANA y miembros policiales y militares, al ser los encargados del resguardo, protección y seguridad del recinto aeroportuario. Todo ello garantizó el “blindaje suficiente” de la breve permanencia en pista del jet, la prestación de “servicio técnico privilegiado” en tiempo récord a cargo de personal técnico y mecánico; el aseguramiento de la absoluta reserva y confidencialidad que fue posible gracias al cierre temporal, para finalmente a las 6:30 a.m., permitir su despegue con el cargamento de cocaína.

Las autoridades gubernamentales tienen la obligación de establecer responsabilidades de quienes brindaron cobertura de protección y seguridad a la nave y pilotos; los implicados que evitaron su rastreo y estadía por 45 minutos en Bolivia; pero, principalmente, determinar quiénes tramitaron y autorizaron el sobrevuelo entre el 24 y 31 de enero ante la DGAC, pese a que la misma habría sido denegada en fechas 19 y 23 de enero. Urge evitar que el país se convierta en un verdadero puente aéreo del narcotráfico, por la presencia de naves que constantemente aterrizan y despegan de aeropuertos aledaños y pistas clandestinas dirigidas y controladas por redes mafiosas instaladas en el territorio.

El autor es MGR. Docente e investigador Universidad Mayor de San Simón (UMSS) – Cbba.