Exigen transparencia en Ley de Pensiones

La Asociación Nacional de Defensa de los Fondos de Pensiones exige revisión a la Ley 065 de Pensiones y transparencia en la administración de los recursos de todos los bolivianos, debido a que la anterior administración del Estado adeuda recursos a las AFPs.

En conferencia de prensa, la senadora de Unidad Democrática (UD), Carmen Eva Gonzales, dijo que se debe prevalecer la pensión de los bolivianos, y que es importante el manejo de los recursos de las personas que ya están jubiladas y de las que están en proceso de jubilación.

La senadora recibió a los representantes de la Asociación Nacional de Defensa de los Fondos de Pensiones, y dijo que hubo uso y abuso del anterior gobierno de los recursos de los bolivianos en beneficio de militantes del Movimiento Al Socialismo.

Por su parte, Pomar pide que se transparente la forma de la administración de las exautoridades, ya que una buena parte de los jubilados tiene una renta miserable, que no está acorde a los años de trabajo como a sus aportes.

Explicó que la oferta actual del gobierno del MAS consiste, por ejemplo, en 60 % del promedio de los últimos 24 salarios para una persona con 20 años de aportes y del 70 % para 35 años de aportes.

A eso se suman aportes solidarios máximos de 1.540 bolivianos para quienes tengan 20 años de aportes y 2600 Bs para los que tengan 35 años de aportes. Se calcula en base a una expectativa de vida de 110 años.

Si el jubilado muere y no tiene hijos menores de edad o hasta 25 años cursando estudios, el capital pasa a manos del fondo solidario (Estado).

El establecimiento de las tareas en la Ley 065 tiene serias observaciones, empezando por restringir las inversiones en el exterior que son más rentables, además del hecho de que el capital no es tomado como herencia, siendo que es un patrimonio fruto del trabajo de toda una vida, señala el documento presentado por la Asociación.

La norma condenó a todos los trabajadores bolivianos, y la Gestora pública que debía operar en 30 meses, aparentemente no lo hizo, sin embargo, asegura que la misma ya trabaja a partir del 10 de diciembre de 2010.

Afirmó que el Gobierno adeuda a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) 5.000 millones de dólares, 10,4 millones de dólares del 2 % del aporte patronal provivienda. El número de viviendas a nivel nacional debían alcanzar a 68.000 viviendas a un costo de 54.000 dólares.

Dijo que el número de trabajadores a nivel nacional alcanza a 2.127.000 y los pasivos alcanzan a 1.556.000 a nivel nacional.

JUICIO

Por esos motivos, Pomar pidió a la senadora iniciar un juicio de responsabilidades al exministro de Economía, Luis Arce, y al expresidente Evo Morales por la mala administración de los aportes laborales a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

“Es momento de luchar (...), queremos pedirle señora senadora un juicio de responsabilidades a (Luis) Arce Catacora, al Gobierno del MAS y a Evo Morales. Estamos en nuestro derecho, somos las voz de (los) trabajadores”, dijo en conferencia de prensa.

Pomar explicó que entre los malos manejos que se hizo de los recursos de los aportes laborales está el sistema operativo que impulsó el Gobierno del MAS, que establece que 5 % de ese dinero “tiene que ir a las empresas públicas, ha abierto una puerta que daña nuestros recursos económicos”.

La Ley 065, del Sistema Integral de Pensiones, gestionada por las AFP, en sustitución del Seguro Social Obligatorio de Capitalización Individual, establece que ese programa sea administrado por la Gestora Pública de Seguridad Social, con sueldos de 60.000 bolivianos como mínimo, entidad estatal que tendrá la responsabilidad de velar por los aportes desde 2019, que alcanzaron el monto de 14.172 millones de dólares.

La rentabilidad más alta de las AFP fue en 1998, llegó a 13,8 % en ambas administradoras de pensiones, pero la aprobación de la Ley de Pensiones, que obligó a traspasar la administración de esos recursos, provocó incertidumbre y redujo la rentabilidad de los fondos, además que el excesivo endeudamiento del TGN, de más de 5.000 millones de dólares a las AFP y las tasas bajas también afectaron a este sector.