Evo derrochó en Bulo Bulo mil millones de dólares

Los cuatro socios del gobierno populista destituido del poder (Evo Morales, Álvaro García Linera, Luis Arce Catacora y Luis Alberto Sánchez, el mago que descubrió el “mar de gas”), en un verdadero robo, tiraron al basurero mil millones de dólares del pueblo boliviano, como si fueran de su propiedad y, por si fuera poco, ahora hablan de moralidad y afirman que van a volver al poder porque se caracterizaron por su “honradez”.

Ese despilfarro parece increíble, pero es cierto como la luz del día. Esa planta que compraron Evo Morales y compañía es inservible, pues ha tenido que paralizar sus labores por sobre acumulación de urea, no tiene comprador para su producción, tiene millonarias deudas, sufre problemas técnicos, está lejos de mercados de consumo, etc.

Es más, los autores de ese acto de barbarie caminan libres por las calles, burlándose de la gente y olvidando que fueron echados del poder por una insurrección social y que, enseguida, fugaron vergonzosamente al exterior, sabiendo que el pueblo los había condenado a mejor suerte.

Con esa falta hasta de un mínimo de honestidad y moral quieren volver al poder y seguir manteniendo un gobierno cleptócrata que les garantice su política económica de robo de las riquezas del pueblo y, por si fuera poco, en función del Plan B, enviar al paredón a quienes denunciaron y se opusieron a negociados como el de Bulo Bulo, que no tiene paralelo en la historia de la humanidad.

El negociado que causó la cleptocracia derrocada es un atentado increíble al pueblo boliviano y el delito se realizó con todos los agravantes y causó no solo daño al Estado, sino a la Nación, entes que los delincuentes consideraron de su propiedad privada. Sin pensar en los once millones de habitantes del país, los robots incondicionales del anterior gobierno estaban destinados a aplaudir delitos por los que cualquier tribunal de justicia los condenaría, no solo a purgar sus robos en la cárcel, sino a galeras de por vida o al tiranicidio.

En el caso de la instalación de la planta de fertilizantes de Bulo Bulo, mediante contrato con una empresa coreana, se procedió al pago al contado de mil millones de dólares extraídos de las Reservas del Banco Central, llave en mano, sin previamente tener un concienzudo estudio técnico, económico-financiero y mercados ciertos para exportación y medios de transporte, de acuerdo con la filosofía de “meterle nomás” y pago de comisiones.

En forma gráfica, el gobierno de la barbarocracia echó al basurero ¡mil millones de dólares! (sin contar los 260 millones de dólares del ferrocarril Bulo Bulo - Montero que no está concluido), y ahora guarda silencio sobre el derroche, ya que, pese a las denuncias públicas, no hace la menor referencia a ese proceder arbitrario e irresponsable. Es más, se quiere poner a buen recaudo a los involucrados en ese caso, es decir encubrir el monstruoso negociado de Bulo Bulo, por citar uno de decenas de ellos que están en boca de la ciudadanía nacional.

Pero no es suficiente denunciar esos hechos de corrupción y el gobierno de Jeanine Áñez debe proceder -como lo está haciendo- con energía y sin dilación, siguiendo el ejemplo del Órgano Electoral que, sin vacilar, inhabilitó al jefe de los secuaces, privándolo de la posibilidad de candidatear a un cargo parlamentario, aunque cuenta con el respaldo de un abogado argentino que no tiene la menor noción de lo que hizo su cliente que se cree inmune e impune.