Presidente de El Salvador anunció vetar norma
San Salvador.- El Congreso de El Salvador detectó una ley que pretende esclarecer crímenes cometidos durante el conflicto armado de los años ochenta, con la que podría conceder la conmutación de penas a responsables de transgresiones de guerra y lesa humanidad que colaboren con la justicia.
Pero el presidente Nayib Bukele advirtió que vetará la legislación referida Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación al considerarla como una "ley de amnistía que pretende proteger criminales de guerra".
El Salvador vivió una guerra civil entre 1980 y 1992 que enfrentó a la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejército, que dejó 75,000 muertos y 8,000 desaparecidos.
Por orden de la Corte Suprema de Justicia, la norma solicitará aprobación y promulgará tras una declaración de inconstitucionalidad de una Ley de Amnistía de 1993 que prohibió investigar, juzgar y encarcelar a responsables de crímenes de guerra, tanto del Ejército como la exguerrilla izquierda.
En la sentencia de julio de 2016, los magistrados de la Corte pidieron a los diputados discutir y aprobar una nueva ley que promoviera la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los hechos.
Tras varios años de análisis y reuniones con las partes, los diputados finalmente avalan la legislación en la que supuestamente nadie podrá ser objeto de "amnistía o indulto", además de los crímenes de guerra y de la humanidad no serán imprescriptibles.
Sin embargo, la legislación deja un criterio de los jueces en los tribunales conmutar penas, por razones de salud, edad o porque los presuntos victimarios colaboren con el esclarecimiento de los casos.
"El juez podrá reducir a la cuarta parte la completa de las penas a imponer previamente haber escuchado a las víctimas, si la persona cumple con todas las siguientes condiciones: reconocer expresamente su grado de participación sobre los hechos, pida perdón a las víctimas", indicó la ley aprobada por 44 votos de opositores de derecha, de un total de 84 legisladores.
La ley también incluye medidas de indemnización, reparación, memoria histórica, derecho a la verdad, acceso a archivos militares y policiales y prohibición de homenajes a personajes cuestionados por su trayectoria bélica.
El aval de la legislación ocurre cuando Bukele y el Congreso han agudizado sus diferencias. Este mes, el mandatario irrumpió, acompañado de soldados y policías armados, en el salón de sesiones para presionar a los legisladores por un préstamo de 109 millones de dólares para financiar sus aviones de seguridad.
La Casa Presidencial dijo en un comunicado emitido el miércoles cuando aún era discutido la ley en el Congreso, que "no se considera la propuesta como un proyecto que garantiza los principios de verdad, reparación y justicia, por lo que se considera una amnistía disfrazada".
"Hacemos un llamado a la población salvadoreña ya la comunidad internacional a no creer en propuestas que solo están orientadas a la impunidad", específicamente.
Por su parte, organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas, aseguran que la ley no fue acordada ni conciliada con ellos, por lo que no cumple con las disposiciones exigidas por la Corte. Y el izquierdista FMLN se abstuvo de votar ya que considera que la ley "no expresa específicamente el interés de las víctimas". (Reuters)
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