Vividor político inhabilitado

El pasado 20 de febrero, la sala plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo pública la inhabilitación de Evo Morales, por no cumplir el requisito de residencia permanente. La resolución del ente rector de los comicios generales del 3 de mayo, tiene carácter jurisdiccional inapelable.

La residencia permanente contempla tres principios fundamentales: el domicilio o residencia habitual registrado y declarado en el padrón electoral: siendo éste a su vez, el lugar donde el candidato desarrolla su “proyecto de vida” y, finalmente, el principio de “verdad material” que hace efectiva la residencia en el distrito o circunscripción al cual aspira representar. Principios que el MAS y el autócrata refugiado en Argentina pretendieron soslayar, guiados, al parecer, por sus prácticas insanas ejercidas durante 13 años, nueve meses y 18 días de continua manipulación y distorsión de normas jurídicas y la CPE, según sus intereses y cálculos políticos.

No otra cosa se podría deducir de su afán de forzar indebidamente una postulación a senador por Cochabamba, a sabiendas que se encuentra residiendo en Buenos Aires -cuya distancia por aire es de 2064.9 Km-, bajo el estatus de refugiado político.

Es evidente la desesperación por gozar de inmunidad e inviolabilidad parlamentaria del directo responsable del monumental fraude en las elecciones de octubre de 2019 y que, desde nuestra óptica, dos razones de peso guían tal decisión. La primera, busca blindarse ante un inminente juicio de responsabilidades; encubrir la corrupción, abusos, fraude y delitos de sedición y terrorismo a los que debe responder ante la justicia. La segunda, exterioriza su deseo de seguir disfrutando de las mieles del poder, sin importar el lugar o el espacio desde donde le sea permitido ejercerla.

Tales pretensiones lo hacen indiscutible merecedor -al igual que otros- del título de “vividor de la política”, pues no hizo otra cosa, sino desempeñar este “cómodo oficio” desde hace 31 años.

Morales desde 1989 estuvo consecutivamente presente como candidato en comicios nacionales. Para ello, utilizó como plataforma de lucha y proyección política la defensa de las plantaciones de coca en el Chapare, hasta lograr la asignación del “cato de coca por familia” que representa una extensión de cultivo de 1.600 metros cuadrados y una producción de 100 libras de coca cosechada entre 50 y 60 días. Arbusto que, por cierto, ni los propios productores del trópico la consumen -pues prefieren la variedad taqui de los yungas de La Paz-, al ser desmedidamente ácida, aunque en contrapartida, resulta ser materia prima ideal para la producción de clorhidrato de cocaína de alta pureza.

Tras dos intentos fallidos (1989 y 1993), recién en 1997 lograría un curul por la C-27 (provincia Carrasco y Chapare). El 2005 llegaría a la presidencia; el 2009 y 2014 fue reelegido. Finalmente, pese al rechazo del 21-F de 2016, manipuló las normas jurídicas y la CPE, para postularse por cuarta ocasión el 2019, promoviendo un grotesco fraude, cuyo daño económico ocasionado al Estado asciende a más de 200 millones de bolivianos.

Como era de esperarse, el atónito y desconcertado vividor político acusó al TSE de acatar instrucciones del gobierno y, claro está, de los Estado Unidos. Su limitada capacidad de análisis y lectura apropiada de la CPE y las normas vigentes, le impiden comprender que la decisión de los vocales de sala plena fue estrictamente legal y enmarcada en legislaciones vigentes.

Valdría la pena recomendarle al populista autócrata aprovechado que, de vez en cuando, no hace daño ilustrarse para opinar con propiedad y conocimiento de causa; evitando proferir hasta el hastío paranoias achacosas de ataques constantes de la derecha, el imperialismo y principalmente, pasar vergüenzas demandando aquello que, durante su gobierno, jamás cumplió y aplicó correctamente.

El autor es MGR. Docente e investigador.