Para regular el proceso de denuncias disciplinarias en contra de fiscales, por malas conductas o faltas disciplinarias previstas y sancionadas en la Ley Orgánica del Ministerio Público, desde hoy se pone en vigencia el “Nuevo Reglamento de Régimen Disciplinario”.
“La nueva normativa del Régimen Disciplinario del Ministerio Público, tiene entre otras finalidades fortalecer los procesos disciplinarios internos, contribuir a la solución pronta y rápida de las denuncias disciplinarias, imponiendo la sanción correspondiente a Fiscales por su inconducta, en el deber y ejercicio de sus funciones, buscando recuperar un ambiente de transparencia y confianza en los usuarios y denunciantes”, dijo el director Nacional de Régimen Disciplinario, Jhonny Céspedes.
Este nuevo Reglamento, pretende que las denuncias disciplinarias nunca más concluyan en tiempos exagerados, como si se tratara de procesos ordinarios, prestándose al uso y abuso de recusaciones, incidentes o excepciones, todo con el ánimo dilatorio, ahora los plazos establecidos serán de estricto cumplimiento.
En este contexto, la reglamentación que se pone en vigencia, eliminará la retardación de la justicia disciplinaria, con el apoyo y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s), se pretende luchar contra la mora procesal, mejorar el acceso a las actuaciones como muestra de transparencia, evitar la pérdida o dispersión de información y sobre todo las notificaciones fallidas, que ahora serán mediante el uso del Buzón de Notificaciones de ciudadanía digital, entre otras.
En la gestión 2019, a nivel nacional, el Régimen Disciplinario llegó a procesar un total de 795 denuncias disciplinarias, de las cuales 605 denuncias concluyeron, quedando en saldo de 190 por concluir.
De las denuncias señaladas, 98 procesos disciplinarios concluyeron con sanción en contra de Fiscales, 43 con Destitución y 55 con Multa.
Entre las faltas disciplinarias más frecuentes que sancionó Régimen Disciplinario del Ministerio Público a Fiscales son: por inactividad investigativa, incumplimiento de plazos procesales y resoluciones indebidas o insuficientemente fundadas, entre otras.
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