Imputado debe viajar ocho horas para firmar un libro

En audiencia de modificación de medidas cautelares, el juez del Juzgado Octavo en lo Penal, Orlando Rojas, otorgó ayer el cambio de domicilio, donde se encontraba cumpliendo medidas sustitutivas, además de permiso laboral para Miguel N., sindicado por la muerte del teniente Daynor Sandoval. El imputado debe acudir desde el municipio de La Asunta (distante a ocho horas) a las oficinas de la Fiscalía de La Paz, cada 15 días, a firmar el libro de asistencia.

La defensa de Miguel N., el abogado Eusebio Vera, explicó que desde el 1 de febrero, su cliente tenía en su contra la detención domiciliaria sin permiso laboral, en la ciudad de La Paz, cuando su residencia es en el municipio de La Asunta, por lo que pidieron la modificación, misma que fue aceptada y su cliente podrá cumplir la medida en el seno de su hogar.

“El señor Miguel N. ha tenido que hacer un sacrificio enorme, ya que se vio obligado a tener que alquilar un inmueble en la ciudad de La Paz, cuando él reside en el municipio de La Asunta, sin embargo, el juez del Juzgado Décimo, que estaba de turno el 1 de febrero, sin habernos escuchado, ha ordenado la detención domiciliaria en esta ciudad”, lamentó.

Vera refirió que su cliente debe trasladarse del municipio de La Asunta a la urbe paceña, cada 15 días para firmar su asistencia. Medida que supone un gasto de al menos Bs 400, solo en pasajes y hacer un viaje de ocho horas.

En ese marco, el jurista explicó que su cliente tiene hijos en edad escolar por quienes debe responder, y todo el mes de febrero se vio impedido de ello, siendo que la familia fue separada por la determinación del juez del Juzgado Décimo.

“Ahora él podrá reincorporarse a su familia ya que estaba aislado de su tierra por más de un mes. Ahora deberá atender las necesidades básicas de sus hijos y pediremos que pueda firmar la asistencia allí, porque la Fiscalía tiene una oficina en La Asunta”, aseveró.

PROCESO IRREGULAR

El jurista aclaró que para que su defendido sea imputado por los delitos de asesinato, tentativa de asesinato, además de instigación pública a delinquir, solo tiene en contra la declaración del padre del teniente Daynor Sandoval.

“La declaración del padre de Daynor Sandoval, quien supuestamente en el Carnaval de 2019, junto a su hijo, se habrían encontrado con Miguel N. a quien increparon indicando que él se encontraría en el lugar y habría presenciado el fallecimiento del señor Sandoval, lo cual no es cierto, toda vez que mi defendido, el 24 de agosto de 2018, día que murió Sandoval, se encontraba en la comitiva junto al señor Franclin Gutiérrez y no en el lugar de los hechos”, lamentó.

Refirió que lo único que hizo Miguel N., en el Carnaval de 2019, fue dejar hablando al papá de la víctima, sin dar mayor explicación porque se encontraba en estado de ebriedad.

En ese marco asevero: “El señor fiscal, con total falta de idoneidad, capacidad y sobretodo objetividad ha imputado al señor Miguel N. por ese hecho y además lo aprehenden cuando se realiza la Inspección Técnica Ocular del caso, en el municipio de Palos Blancos, donde falleció Sandoval, y mi defendido supuestamente estaría sacando fotografías de este acto, advierte eso el fiscal y lo aprehende, como si ese hecho fuese un ilícito”, refirió.

Lamento que la aprehensión se haya dado en una actitud por demás “abusiva” de parte del fiscal y el investigador del caso, toda vez que el momento de la detención no contaban con el mismo.

DATOS

Miguel N. y otros dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz están vinculado con la muerte del teniente de Policía, Daynor Sandoval, quien cayó el 24 de agosto de 2018, en medio de hechos de violencia cuando efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) procedían con la erradicación de coca, según los productores se trataba de coca legal. Es decir, cultivo tradicional en áreas permitidas.

El Gobierno denunció que los policías sufrieron una emboscada de “grupos irregulares” que se oponían a la erradicación de coca, mientras que los cocaleros aseguraron que ellos fueron las víctimas de un operativo en el puente San Antonio, donde los erradicadores gasificaron una asamblea.