Siniestros y deslizamientos a la orden del día

La alcaldía municipal de La Paz cuenta con un estudio de 1977 levantado por técnicos franceses en el que se identifica que el 65 % de la ciudad de La Paz y alrededores es deleznable y no apto para vivienda. El incontenible asentamiento de familias en las regiones riesgosas y la edificación de sus viviendas, nos hace contemplar una vez más el derrumbe tanto por la naturaleza pendiente de la topografía y por la falta de previsión de las familias ahora afectadas. En la época lluviosa de los años inmediatos anteriores también se ha lamentado parecidas situaciones.

Se trata de Kella Kella y de Ovejuyo, donde 16 viviendas colapsaron, ambas zonas vecinas al municipio de Palca. La comuna paceña niega haber otorgado autorización de construcción y responsabiliza a su homónima de Palca, la cual a su vez niega ese extremo. La madre del cordero radica en que hasta la fecha no se he dilucidado el tema limítrofe, no solo con Palca sino con los municipios circunvecinos de Mecapaca y Achocalla.

La Alcaldía de La Paz responsabiliza a la Gobernación por una disposición que le prohíbe fiscalizar construcciones en las zonas limítrofes de conflicto. Esta disposición ha sido apelada ante el Ministerio de la Presidencia desde 2017, cuyos anteriores titulares no resolvieron la apelación. La alcaldía de La Paz debería instar al nuevo Gobierno central la urgente definición del tema.

La anterior Administración no decidió al respecto llevada de la alianza política tácita o expresas que mantenía con dichas alcaldías aledañas, mismas que inobjetablemente allanaban las construcciones para obtener recursos por este concepto y por la tributación correspondiente, pero en la hora de socorrer los daños parece cruzarse de brazos y es el municipio de La Paz quien asume el auxilio, además que según los antecedentes existentes asumirá indemnizar a los damnificados. Lo brevemente examinado no debería permitir correr con tan oneroso e indebido desembolso. Está demás señalar que las permisiones indicadas han ensanchado el tráfico ilegal conocido como “loteamientos” de tierras, que el anterior Gobierno toleró con mano ancha.

En Tiquipaya, Cochabamba, se ha visto similar problema por el desborde de un río que con grandes capas de lodo arrasó las construcciones ubicadas en las riberas de la corriente fluvial. También en Tiquipaya el siniestro se origina en el “loteo” de dichas riberas y por la deforestación del lugar, frente a la inactividad o complicidad de las autoridades municipales.