Siete adolescentes se embarazan cada hora

El drama del embarazo adolescente en Bolivia solo es superado por lo que ocurre en África Subsahariana. El problema es tan crítico que en el país incluso niñas llegan a ser mamás, por haber sufrido una violación, o que adolescentes por apenas encima de los 15 años deben abandonar su proyecto de vida, por falta de educación sexual. En suma, cada hora, siete jovencitas esperan un bebé en Bolivia.

El estudio sobre el embarazo en adolescentes en Bolivia elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), de las 300 mil mujeres que se embarazan cada año, 60 mil son adolescentes. En otras palabras, cada hora ocurren siete embarazos adolescentes a nivel nacional.

Bolivia ocupa el segundo lugar en la tabla de embarazos adolescentes, después de África subsahariana, según datos del Unfpa.

El informe del Sistema nacional de Información de Salud (SNIS) señala que entre enero de 2016 y septiembre de 2018, un total de 9.552 niñas menores de 14 años acudieron a un centro de salud para un control prenatal, lo que significa que cada día 9,5 niñas van al sistema público porque están encintas.

Según los datos del 2018 del SNIS, Santa Cruz es el departamento con mayor número de embarazos adolescentes con 51 casos al día; le sigue Cochabamba, con 29; La Paz, con 27; Potosí, con 11; Pando, con 10; Tarija, con 6; Oruro con 6; Chuquisaca, con 5; y Beni reporta dos casos al día.

“Amerita una mayor intervención del Estado con políticas de prevención de manera urgente. Se debe responder desde la parte de salud y la parte legal”, planteó Julia Velasco, de la organización Tejiendo redes ECO Jóvenes.

Velasco dijo que el tema es preocupante, pues se trata de embarazos en adolescentes, de entre 15 y 19 años de edad, que aún no han llegado a la madurez y lo más grave es que en ocasiones los embarazos son resultados de violaciones dentro del entorno familiar.

“Se debe hablar con nuestros hijos sobre el tema de los métodos anticonceptivos y sexualidad, como mamá siempre voy a repetir eso que deben darles información a sus hijas, no pueden culparlas a ellas por su forma de vestir o decir que ellas molestan”, exhortó Dina Flores, parte de las líderes de Alianza por la Solidaridad.

En Bolivia no hay un registro detallado de partos o nacimientos por edades de la madre, se desconoce cuántos de los embarazos infantiles y adolescentes llegan a término o cuántos llegan a aborto.

Mariela Choque, extrabajadora social del hospital Los Andes de El Alto, dijo que el nosocomio cuenta con 27 camas que siempre están ocupadas, generalmente, por madres de 15 a 17 años que dan a luz segundo o tercer embarazo gestados por hermanos o padres.

El estudio indica, que en 2016, en las áreas urbanas del país, un 12.5 % de adolescentes (15 a 19 años) eran madres o alguna vez estuvieron embarazadas en tanto que en las áreas rurales este mismo indicador ascendió hasta el 20.3 %.

La pobreza, falta de información y el limitado acceso a métodos anticonceptivos, agravan el problema.

Muchos de los adolescentes acuden a medios digitales para buscar información sobre los cuidados que deben tener en cuanto a sexualidad, estos sitios no son confiables.

El año pasado la Red de Salud en la zona de Senkata del Distrito 8 de la ciudad de El Alto atendió a Marcela (nombre convencional), una niña de 13 años, que estaba embarazada producto de una violación, ella ahora es mamá porque la familia no hizo la denuncia, prefirió conciliar con el agresor, que es un adulto mayor.

Los padres mandaban a su hija a pedir productos prestados porque era una persona “pudiente”, tenía dinero. El vecino se aprovechaba de la niña. La familia de Marcela era pobre, tenía muchos hermanitos, así que los papás decidieron negociar con su agresor para mantenerla no sola a ella, sino también a la familia.

“Es un caso que no solo pasa en El Alto, sino en toda Bolivia. En Riberalta hay muchos matrimonios arreglados con personas mayores, ya sea por ganado o por dinero”, dijo Adelaida Vargas, líder de Alianza por la Solidaridad, que ha visto muchos casos en los cuatro años que viene trabajando en los centros de salud como líder hace cinco años.

“La mayoría de la población no cuenta con información, no hay aplicación de sanciones y se naturaliza estos hechos”, dijo Aiza Mendizábal, responsable de Alianza por la Solidaridad.

No visibilizan los embarazos de las niñas; hay un hueco e ineficiencia de parte del Estado. Hay políticas públicas que no se enfocan en las niñas.

Alianza por la Solidaridad y la organización CIES desarrollan un proyecto sobre el ejercicio de los derechos en salud sexual reproductiva. (Urgente.bo)