Luis Antezana Ergueta - Milton Mérida
Al haberse confirmado que la demanda del gobierno boliviano de Evo Morales, sobre la cuestión marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, carecía de un mínimo de objetividad y giraba en torno a aspectos subjetivos, los autores de este artículo señalaron, de inmediato, en numerosos comentarios en EL DIARIO, que los argumentos centrales de defensa del gobierno boliviano de Evo Morales Ayma no eran completos ni adecuados y estaban destinados a producir un fracaso deliberado de la causa nacional.
Sin embargo, las sucesivas reclamaciones de los autores de esta nota no fueron atendidas por las autoridades respectivas, las mismas que a poco tiempo fueron confirmadas a plenitud, cuando la Corte de La Haya se pronunció a favor de Chile, determinando un fracaso estruendoso para la política exterior de la cancillería boliviana a cargo de David Choquehuanca, desastre del que el gobierno de Evo Morales no se dio por aludido y, en cambio, trató de cubrirlo con una cortina de humo, con proyectos inadecuados y engañosos.
Cuando, enseguida, el gobierno chileno planteó ante la Corte de Justicia de La Haya la cuestión de las aguas del Silala, también los suscritos, sin tardanza alguna, iniciamos una campaña de prensa en defensa de esos recursos naturales bolivianos, sin recibir la menor atención del gobierno, subrayando, a la par, que la Cancillería debía adoptar una posición objetiva y abandonar argumentos anecdóticos y pueriles. No obstante nuestra insistencia, en todos los casos solamente encontramos la indiferencia del Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano, lo que no impidió que, pese a todo, reiteremos en forma concreta que la defensa boliviana en este asunto era errónea en lo fundamental y que, con conocimiento de causa, estaba camino a otro fracaso.
Se debe recordar que la Agenda de los trece puntos terminó en un enorme cero. En especial se destacó que el punto referido a la cuestión marítima fue considerado por la Cancillería boliviana como secundario y no tenía mayor importancia, actitud que originó, de nuestra parte, la iniciación de una campaña denunciando la inoperancia del gobierno de Evo Morales que, entre tanto, siguió adelante para terminar en el fracaso, al extremo de darse por concluidas las negociaciones, dándonos razón a nuestras críticas y sugerencias enunciadas en el periódico EL DIARIO.
Finalmente, Chile presentó su demanda ante la Corte de La Haya sobre las aguas del Silala, sosteniendo que se trataba de un río, vale decir un tema casi exclusivamente técnico y sin bases jurídicas.
Entonces, se constató que la Cancillería de David Choquehuanca era ineficiente y, por tanto, no reaccionó o bien reaccionó tardíamente y cuando lo hizo fue en forma errónea, al haber caído en el juego de la maniobra chilena y cerrando los ojos ante la cuestión de fondo, actitud liberal de dejar hacer y dejar pasar, que nos obligó a denunciar la ineficiencia y jurídica y los costosos gastos en pago a asesores extranjeros y, a la vez, prever que la gestión del gobierno de Evo Morales conducía a otra derrota, como en los dos citados casos anteriores.
Ante esa situación, los suscritos reiniciaron la campaña en defensa de las aguas del Silala de propiedad boliviana, denunciando al Gobierno y la Cancillería por no encarar el asunto en su fondo y caer en la trampa tendida por la política exterior chilena. En especial, se insistió en que la presunta defensa del recurso estratégico de las aguas del Silala estaba mal planteada, no era la adecuada, carecía de contenido jurídico y no hacía referencia al aspecto esencial del problema. Es más, se actuaba a espaldas del pueblo boliviano presentando memorias de carácter secreto. Considerando esos aspectos, destacamos que el presunto resultado de la Corte en La Haya estaría destinado a producir otra derrota para Bolivia.
Ante esa situación y al no ser escuchadas nuestras observaciones y comentarios de prensa al curso irregular del Juicio en la CIJ de La Haya, demandamos de nuevo de manera insistente que la Cancillería antes de producirse los alegatos orales que se realizarán en La Haya, nos reciba para escuchar nuestros puntos de vista sobre el problema, al ser posible prever una salida catastrófica al asunto.
Sin embargo, en todos los casos recibimos oídos sordos. La Cancillería ni siquiera acusó recibo por la correspondencia enviada al Ministro de Relaciones Exteriores.
Ante la gravedad del problema, reiniciamos las denuncias de prensa frente a la inoperancia de la Cancillería, pero ésta, pese a la gravedad y magnitud del tema, también se convirtió una infranqueable muralla china. Es más, se anunció la renuncia de los abogados extranjeros que representaban a Bolivia en La Haya y era inminente que ese alto organismo internacional emita un fallo final contrario a los intereses del pueblo boliviano, aunque, en última instancia, previamente debe realizarse la etapa de los alegados orales.
Al presente, frente al anuncio sobre que la Corte de La Haya emitirá en breve su sentencia acerca de la de mos la solicitud para ser escuchados por la Cancillería a fin de hacer un nuevo último esfuerzo para contribuir a salvar las aguas de propiedad boliviana, ya que aún es tiempo para evitar una derrota y corregir los errores del gobierno anterior.
Formamos parte de un Centro de estudios que trabaja desde hace veinte años sobre la cuestión de las aguas superficiales y subterráneas del Silala, con participación de destacados jurisconsultos, geólogos, ingenieros y periodistas. Ha realizado estudios en todos los niveles sobre la cuestión.
En particular, consideramos que voceros de la opinión pública que no fueron escuchados por anteriores gobiernos, deben tener la oportunidad de aportar a una favorable solución a favor de Bolivia, salvar su responsabilidad histórica y poner a salvo la dignidad nacional, como se hizo en los dos anteriores casos.
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